Este martes 23 de junio, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, realizó un nuevo allanamiento a cargos.
El exfuncionario manifestó que está comprometido a entregar nuevas pruebas y ser testigo en los procesos que se adelantan por el saqueo a esta entidad.
El exdirector de la UNGRD aceptó ante un juez, una vez más, su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.
El exfuncionario, quien se encuentra privado de su libertad desde septiembre de 2024, ha entregado información clave que ha llevado a abrir líneas de investigación en contra de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco,
Así como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González Merchán (actualmente prófugo), así como el exasesor de la Presidencia, Jaime Ramírez Cobo.
La lista la completan la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; y el exdirector del Departamento de la Función Pública, César Manrique Soacha, también prófugo de las autoridades.
Además de varios congresistas que, para 2023, hacían parte de la Comisión de Crédito Público, entre ellos, Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes ya fueron llamados a juicio. Así como la senadora Martha Peralta Epieyú, quien recientemente fue escuchada en indagatoria.
Estos son los exministros, excongresistas y exfuncionarios del Gobierno Petro contra quienes declarará el exdirector de la UNGRD, Olmedo López. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/LlfWwF0zO5
— Revista Semana (@RevistaSemana) May 20, 2026
Olmedo López cuenta con un principio de oportunidad por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad en documento público.
Debido a esto, será citado a declarar como testigo principal de la Fiscalía General en los procesos contra varios exfuncionarios del Gobierno Petro.
En los últimos meses, el exdirector de la UNGRD reintegró los 724 millones de pesos de los que se habría apropiado mediante el desvío irregular de contratos de obra e interventoria.
La diligencia judicial, en la que se definirá si se acepta o no el allanamiento a cargos, se reanudará el próximo 7 de septiembre.