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Paro armado del Clan del Golfo provoca desabastecimiento y confinamiento en el Bajo Calima, Buenaventura

Denuncian que no hay alimentos, medicina y combustible.


S.OS. Juntanza humanitaria por los pueblos de Buenaventura denunció en su cuenta de Twitter que el Bajo Calima, en Buenaventura, y el Bajo San Juan, en Chocó, están viviendo una delicada crisis humanitaria.

Relataron que el pasado 7 de mayo hacia las 10:00 a. m., el Clan del Golfo habría disparado a dos conductores que prestaban su servicio de transporte público con las rutas del Bajo Calima. “Los hechos se presentaron en la vía que conduce al Puerto de Agua Dulce, obligaron a cerrar las tiendas y dejaron a las comunidades sin alimentos, evidenciando claramente el confinamiento del territorio”, señalaron.

Por lo anterior, la población del Bajo Calima se encuentra en riesgo y manifiesta estar cansada del confinamiento, la violencia estructural y sistemática; igualmente, por hechos que ocurrieron el pasado domingo 8 de mayo. “Hacía las 8:30 a. m., la comunidad de Colonia fue convocada a una reunión por el ‘Clan del Golfo’, en la que informaron que el paro armado lo aumentan por 15 días más, y señalan, amenazan con picar a la comunidad y que acabarán con todos los colaboradores del ELN. Dan dos horas para comprar en las tiendas”, detallaron en el documento.

Ante estos hechos violentos, la comunidad decidió “enfrentar al Clan del Golfo para exigir respeto a la vida, la libre movilidad y alimentación”, pero la respuesta fue una amenaza: “A quien veamos caminando por las calles, saliendo del pueblo, quien abra las tiendas será objetivo militar y mataremos por lo menos 5 personas si sigue jodiendo”, expresa el documento publicado por las comunidades étnicas.

Peticiones de la comunidad

La Juntanza interétnica, social y popular manifestó que seguirán en asamblea permanente. “Tejiendo desde la autodeterminación, como pueblos, desde los derechos humanos y desde el derecho internacional humanitario, una salida pacífica y negociada a la actual crisis humanitaria, rechazamos el confinamiento y el bloqueo económico que padecemos en el Bajo Calima y Bajo San Juan”, manifiestan.

  • Como dueños originarios y ancestrales del territorio, como pueblos pacíficos y tejedores de paz, exigimos al gobierno nacional garantizar nuestro derecho a la vida y al territorio.
  • Le exigimos a todos los actores armados, fuerza pública, AGC y ELN, cumplimiento estricto al DIH y voluntad para concretar lo más urgente posible un acuerdo humanitario que agilice una salida dialogada y negociada al conflicto armado.
  • Reiteramos a la Alcaldía Distrital que declare la emergencia humanitaria en todo el territorio urbano y rural de Buenaventura.
  • Instamos al Gobierno Nacional, Departamental y Distrital, a garantizar de manera urgente albergues humanitarios con enfoque diferencial que garantice condiciones dignas, integrales y de protección, incluyendo albergue digno para el Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, desplazados por la misma situación desde noviembre de 2021.
  • Insistimos en la atención inmediata a todas las familias que siguen resistiendo en confinamiento forzado en el Bajo San Juan y el Calima, de modo que se prevengan nuevos desplazamientos.
  • Garantizar, de manera integral y diferencial, la atención a las comunidades desplazadas y evitar que la mendicidad a la que se ven obligados como desplazados, los lleve a retornar sin garantías.
  • Exigimos al Ministerio Público la toma de declaraciones para que se active lo más rápido posible, la ruta de atención humanitaria.
  • Exigimos al Defensor nacional cumplimiento a lo que se acordó en su visita a Buenaventura.
  • Activar la protección del territorio, así como los bienes civiles y pertenencias de las familias de la comunidad San Isidro y demás comunidades desplazadas, evitando el saqueo o la ocupación de las viviendas como ha pasado con las comunidades de la Esperanza, Ceibito, Guadual y Santa Rosa de Guayacán.
  • Exigimos a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, iniciar las investigaciones penales y disciplinarias a las que haya lugar por las acciones u omisiones de fuerza pública y demás entidades del gobierno y del Estado con responsabilidad en la actual crisis humanitaria y los avances en las investigaciones sobre la muerte del joven Humberto Rivas y la joven Dayana Fajardo.
  • Invitamos a las embajadas, iglesias, organizaciones de Naciones Unidas, comunidad internacional, organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de derechos humanos, para que nos apoyen, acompañen, den seguimiento y visibilicen la misión humanitaria que realizaremos entre el 15 y 19 de mayo en Buenaventura, Bajo San Juan y Bajo Calima.