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Pérdidas en productividad laboral colombiana por cambio climático se estiman en $12 billones, entre 2023 y 2030

Así mismo, advirtieron que el aumento en la temperatura global generaría una pérdida aproximada de 150 horas de labor por trabajador colombiano en el 2030.


El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) hizo este martes un llamado a los empresarios del país para que, dentro de los planes de continuidad del negocio y estrategias de resiliencia, contemplen los escenarios de cambio climático y su afectación a los trabajadores.

En mayo de este año, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que hay un 50 % de probabilidades de que la temperatura media anual del planeta supere transitoriamente en 1,5 ºC los niveles preindustriales, por lo menos en uno de los próximos cinco años.

De acuerdo con el organismo, los efectos del cambio climático también amenazan la productividad laboral, pues reveló que esta disminuye cuando la temperatura supera los 24 ºC.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha previsto que el estrés térmico inducirá una reducción del 2,2 % en el número de horas de trabajo en el mundo, para 2030, con un impacto de US$2,4 billones en el PIB mundial.

De hecho, el informe “Trabajar en un planeta más caliente: el impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente” de la OIT señala que, para el caso de Colombia, se perdería en promedio el 0,9 % de las horas de trabajo para el año 2030, siendo la industrias agrícola y de construcción las más afectadas, con un 3,52 % cada una, considerando incluso que se trabaje bajo la sombra.

En ese sentido, el Consejo Colombiano de Seguridad hizo algunas proyecciones sobre el impacto que este fenómeno generaría en la productividad del país desde el año 2023 hasta 2030.

Para ello, consideró el total de trabajadores ocupados en Colombia según reportes del DANE y tuvo en cuenta como base del cálculo el salario mínimo mensual actual, estimando su incremento a partir de los promedios del IPC entre 2009 y 2021.

La entidad tomó el número de trabajadores ocupados para cada año, así como la proyección anual del incremento del salario mínimo, se estimó que el costo de las pérdidas de productividad con base en el 0,9 % de horas perdidas debido al estrés térmico, conlleva a un costo total acumulado para el país que podría ascender a los $11,9 billones entre 2023 y 2030.

“Para lograr un futuro sostenible y con altos niveles de productividad debemos revisar las prácticas habituales; la gestión de los recursos naturales y las medidas de adaptación y mitigación deben analizarse desde la perspectiva de la resiliencia de las empresas y de la población trabajadora ante los efectos del cambio climático”, dijo Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad.

“Es importante considerar mayores inversiones para mejorar el monitoreo y predicción de los potenciales efectos del cambio climático, fortalecer la gobernanza institucional, la evaluación de riesgos y el intercambio de conocimientos”, agregó.

Adicionalmente, el estrés calórico plantea retos en el abordaje de la seguridad y salud en el trabajo de las empresas, puesto que se torna esencial encontrar mecanismos de adaptación a la variabilidad climática para mantener seguros a los trabajadores y limitar la exposición al calor y la humedad.

Adicionalmente, se dio a conocer que el incremento en las temperaturas globales incide, además, en drásticos cambios en el ciclo del agua, un insumo fundamental en los procesos productivos de las industrias.

Se estima que, por cada grado de calentamiento global, aproximadamente un 7 % de la población mundial estará expuesta a una disminución de, al menos, 20 % de los recursos hídricos renovables, de acuerdo con informes de UN-Water.

Por ejemplo, las reducciones en las lluvias sumadas a los cambios en el uso del suelo, pueden acelerar e intensificar los procesos de desertificación y pérdida de recursos hídricos con los consecuentes impactos sobre la salud humana, la producción agropecuaria y forestal, la economía y la competitividad regional.

En este sentido, no solo se afectaría el acceso al agua como materia prima, sino que también se exacerbaron conflictos por su uso en las comunidades.