La arremetida del presidente Gustavo Petro contra el magistrado Enrique Bedoya, tras la suspensión del decreto que ordenó el traslado de 25 billones de pesos a Colpensiones, provocó que la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) pidiera protección internacional para el togado y la rama judicial por los señalamientos contra el Consejo de Estado.
Desde la Corporación Excelencia en la Justicia rechazan y advierten el riesgo que genera la arremetida contra el magistrado Bedoya: “La desproporcionada reacción del Ejecutivo constituye un ataque directo a la autonomía judicial y una preocupante criminalización de las decisiones judiciales. Por esa razón, solicitará medidas de protección especial en favor de la Rama Judicial y del magistrado Bedoya Escobar ante la CIDH y ante la Relatoría para la Independencia Judicial de Naciones Unidas”.
Agrega la corporación, advirtiendo el respeto a la independencia y frente a las decisiones que toman las ramas del poder público, en este caso el judicial, que “el desacuerdo con una providencia judicial no otorga licencia al poder Ejecutivo para intimidar a los magistrados con acciones penales ni para calificar sus fallos como actos a favor de intereses particulares”.
Protección
La solicitud de protección al magistrado no se va con medias tintas; por el contrario, compara la actitud del presidente Gustavo Petro con lo que ocurre en los regímenes autoritarios como las dictaduras.
“Pretender encarcelar a los jueces de la República por el sentido de sus decisiones es una práctica propia de regímenes autoritarios que anula el sistema de pesos y contrapesos; por ello la CEJ insta nuevamente al Gobierno Nacional a seguir el camino de la racionalidad institucional y a retomar la senda del respeto por las reglas del Estado de derecho”, señala en un comunicado la Corporación Excelencia en la Justicia.
“La CEJ reafirma que no hay causa más importante para la sociedad colombiana que defender la independencia de los jueces. La justicia no puede ni debe estar para complacer al poder político, pues una de sus funciones fundamentales es, precisamente, evitar sus abusos y garantizar la estabilidad del orden jurídico nacional”, agregaron desde el centro de estudios.
La desbordada solicitud de Petro
El motivo de la vehemente respuesta del Consejo de Estado, que calificó de incendiario al presidente Gustavo Petro, y el respaldo de la Corporación Excelencia en la Justicia tienen la génesis en la reprochable solicitud del mandatario de pedir que sea demandado por prevaricato el magistrado con cuya ponencia se tomaron las medidas cautelares para evitar el traslado de 25 billones de las pensiones a Colpensiones.
“Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”, pidió Petro en su cuenta en X.