Judicial

Polémica | MinDefensa, por orden del Consejo de Estado, deberá enseñarle a las tropas el informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto

Tienen plazo de dos meses con el fin de realizar una cartilla pedagógica que contenga los puntos clave del documento revelado en julio. Sin embargo, el alto tribunal no tuvo en cuenta las críticas al informe que lo señalan de parcializado, justamente, contra las Fuerzas Militares.

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10 de octubre de 2022 a las 3:30 p. m.
Develaciones es una coproducción entre la Comisión de la Verdad y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Foto Esteban Vega
Develaciones es una coproducción entre la Comisión de la Verdad y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Foto Esteban Vega Foto: Esteban Vega

En un plazo de dos meses el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional deberán elaborar una circular informativa que contenga los puntos principales del informe final de la Comisión de la Verdad titulado ‘Hay Futuro si Hay Verdad, Hallazgos y Recomendaciones’ que fue presentado en julio pasado. El pronunciamiento fue hecho por el Consejo de Estado al estudiar la demanda presentada por los familiares de Álvaro Guerrero Melo, una víctima de una ejecución extrajudicial en el año 2007.

El documento informativo que será puesto de presente a las tropas deberá contar con las firmas del Ministro de Defensa y del Comandante de las Fuerzas Militares, en “relación con los hechos que han dado lugar a las condenas en materia de responsabilidad extracontractual del Estado proferidas por el Consejo de Estado en contra de la Fuerza Pública por violaciones graves a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”.

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En este sentido se indica que se debe hacer especial énfasis en los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. “Adicionalmente, dicha circular deberá contener también una estrategia de pedagogía y sensibilización del capítulo III del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”.

En la decisión se señala que tras la elaboración del mencionado informe se deberá hacer todo el trámite para que, mediante correo electrónico, sea enviado a cada integrante de la Fuerza Pública en el territorio nacional. El fallo, en el que se condena a la Nación por la ejecución extrajudicial, también deberá ser enviado al Centro Nacional de Memoria Histórica y al Archivo General de la Nación para que “haga parte de su registro y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia”.

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Debido a la impunidad que ha marcado este caso, el Consejo de Estado le pidió a la Fiscalía General y a la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que adelante las acciones con el fin de identificar a los autores intelectuales que motivaron o favorecieron esta ejecución extrajudicial. Caso que también podría ser incorporado en el caso 03 que hace referencia a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

El Consejo de Estado determinó la responsabilidad del Estado, representada en el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, en este falso positivo, señalando que existe evidencia suficiente para demostrar que Álvaro Guerrero Melo salió de su casa ubicada en zona rural de El Carmen, Norte de Santander, para realizar una diligencia en el corregimiento de Guamalito.

Cuando iba de regreso a su casa fue interceptado por agentes de la Fuerza Pública que, posteriormente, lo trasladaron al municipio de Ocaña, donde fue asesinado para posteriormente presentarlo como un guerrillero abatido en combate por parte del Batallón Contraguerrilla 98 de la Brigada Móvil No.15. En el acta oficial se reportó que Guerrero hacía parte de un grupo armado ilegal que delinquía en la zona y que había intentado atacarlos.

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Sin embargo, los reportes forenses fueron claros en señalar que la víctima no había disparado o portado ningún tipo de arma de fuego. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los militares que participaron en la acción reconocieron que se manipuló y alteró notablemente con el fin de hacer pasar a la víctima como un guerrillero.

Esta acción se adelantó con el fin de demostrar resultados operacionales en la lucha contra la subversión en el departamento de Norte de Santander.