Tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías decidió dictar medida de aseguramiento en domicilio contra Dairo Antonio Acevedo Álvarez, suboficial retirado de la Policía Nacional y actual candidato al concejo municipal de Venecia, Antioquia. Se le acusa de ser el presunto responsable de acoso sexual y acceso carnal violento.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por una fiscal de la Unidad de Género de la Seccional Antioquia, los hechos bajo investigación habrían ocurrido en marzo de 2022, cuando Acevedo Álvarez ejercía como intendente Jefe en la estación de Policía del corregimiento Bolombolo, en la misma localidad.
Las labores de Policía Judicial revelaron que el acusado, de 37 años, supuestamente hizo insinuaciones de naturaleza sexual a una auxiliar bachiller de la misma institución, ofreciéndole presuntos beneficios a cambio. Ante la negativa de la víctima, de 19 años, se alega que el individuo la sometió a maltrato verbal y psicológico, y la habría forzado sexualmente de manera violenta.
Acevedo Álvarez fue arrestado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) el pasado 13 de septiembre y, durante las audiencias preliminares, no admitió los cargos que se le imputan.
Procuraduría investiga denuncias de acoso sexual en cárcel de Valledupar
Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra funcionarios del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, Cesar, en relación con denuncias de presunto acoso sexual hacia jóvenes que realizan el servicio militar en la institución.
El Ministerio Público está verificando la información relacionada con tres casos que han sido presentados ante la Fiscalía General de la Nación, donde se investiga la posible comisión de delitos de acoso sexual y abuso de autoridad por parte de los dragoneantes hacia los funcionarios públicos.
La Procuraduría busca esclarecer la ubicación de los supuestos incidentes, examinar las acciones de los funcionarios adscritos a la penitenciaría en relación con las posibles conductas irregulares y determinar si se han vulnerado los derechos de los jóvenes involucrados en estos eventos. Ante esto, la Regional Cesar de la Procuraduría está evaluando si las declaraciones de los funcionarios respecto a los servidores de la cárcel constituyen faltas disciplinarias.
Con proyecto de ley, buscan prevenir casos de acoso sexual en la universidades
De otro lado, el Congreso se prepara para discutir una iniciativa legislativa destinada a prevenir el acoso sexual en instituciones educativas y entornos laborales, y a brindar a las víctimas, especialmente a las mujeres, alternativas y canales efectivos para denunciar estos hechos.
La ponente del proyecto es la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, quien detalló los aspectos clave de la iniciativa que comenzará su discusión próximamente. Según Carrascal, el objetivo principal es fortalecer la prevención, protección y atención de las víctimas de acoso sexual, acoso sexual digital y otras formas de violencia en entornos laborales y en instituciones de educación superior.
“El acoso sexual es una realidad dolorosa que afecta en gran medida a las mujeres debido a desigualdades de género y poder. El acoso sexual es un tipo de violencia que se ha invisibilizado y normalizado en el ámbito laboral y educativo”, aseguró la congresista.
Según datos del Ministerio del Trabajo, recopilados por la representante a la Cámara, la mayoría de las víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral son mujeres, y el 41 % de ellas teme denunciar debido a posibles consecuencias negativas. Carrascal subrayó la importancia de garantizar la protección de quienes denuncian, y demandó la ratificación de la Convención 190 de la OIT en este contexto.
El Ministerio de Educación ha registrado 876 casos de presunto acoso sexual entre 2018 y 2022 en instituciones educativas, lo que ha llevado al proyecto de ley a buscar la implementación de protocolos obligatorios para la prevención, detección y atención del acoso sexual, incluyendo aquellos casos que se presenten en entornos digitales.
“La iniciativa contempla un enfoque interseccional y diferencial para proteger a grupos vulnerables. También, establece sanciones ejemplares a quienes acosen sexualmente y que estas se incorporen en un registro público a través del Sistema de Violencias de Género”, afirmó.
El proyecto cuenta con el respaldo de la congresista Martha Alfonso, de la Alianza Verde, quien destacó que más del 50 % de los casos denunciados en el país por acoso sexual no llegan a la etapa de investigación, y solo el 0,6 % llega a la etapa de sanción. Alfonso subrayó la complejidad de este problema y la necesidad de abordarlo de manera efectiva.