Este miércoles, en medio de la reanudación de la audiencia contra la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz en medio del proceso que se adelanta por su presunta participación del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) las víctimas sentaron su posición frente a la solicitud de medida de aseguramiento en contra de la exfuncionaria.
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, llegó a Paloquemao a la audiencia en la que su defensa rechazará la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/MFxHHVEkcL
— Revista Semana (@RevistaSemana) December 11, 2024
“Teniendo en cuenta las condiciones de Sandra Ortiz se cumple específicamente este requisito de influir en el Ejecutivo y en la administración de justicia”, precisó el delegado de la UNGRD, quien advirtió el grave riesgo que existe de manipulación y eliminación de pruebas en este caso.
Por su parte, los delegados de la Contraloría General y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también apoyaron la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad debido a la gravead de los hechos investigados, la posibilidad de riesgo de fuga y la manipulación de pruebas.
Mientras que delegado de la Procuraduría General apoyó la medida de aseguramiento y advirtió que la exfuncionaria puede eliminar evidencia o generar presiones para que testigos cambien su declaración.
Procuraduría advierte que Sandra Ortiz puede borrar pruebas, por lo que pidió que sea enviada a la cárcel. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/vH53Q279oU
— Revista Semana (@RevistaSemana) December 11, 2024
“Esta comisión del Ministerio Público pide que se conceda la petición de la Fiscalía General frente a la medida de aseguramiento”, precisó el procurador del caso en su extensa intervención. Igualmente, puso de presente el hecho que por la gravedad de los delitos imputados (tráfico de influencias y lavado de activos) la exfuncionaria representa un peligro para la sociedad.
El pasado 3 de diciembre, la Fiscalía General, en su solicitud de medida de aseguramiento puso de presente que la exconsejera presidencial para las regiones borró varios chats que sostuvo con Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la UNGRD, en una conversación en la que se hablaba directamente de la entrega de los tres mil millones de pesos al senador Iván Name.
Igualmente, se puso de presente que uno de los integrantes de su equipo de seguridad y protección había cambiado su versión sobre los hechos que rodearon el traslado de las maletas con 1.500 millones de pesos a la vivienda del senador Name, en el norte de Bogotá.
Sin embargo, las pruebas técnicas indicaron que la camioneta, pese al dicho del escolta, efectivamente se dirigió hasta la residencia de Name, coincidiendo con el relato hecho por Sneyder Pinilla.
La exconsejera presidencial ha manifestado, por medio de su defensa, que es inocente y que presentará las pruebas, a su tiempo, para contrariar los argumentos presentados por la Fiscalía General durante las dos sesiones en este proceso.