Un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó la incautación de 19 bienes vinculados al extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se trata de propiedades que, según la Fiscalía, están avaluadas en más de 65.000 millones de pesos.
Entre las propiedades objeto de extinción de dominio se destaca la denominada hacienda El Cocuelo, ubicada en Turbo, Antioquia, la cual, de acuerdo con la investigación, hacía parte de un amplio corredor rural que durante varios años funcionó como centro logístico, financiero y de control territorial de un grupo armado ilegal en la región del Urabá.
“Este terreno fue fragmentado en 15 predios con matrículas independientes, los cuales fueron registrados a nombre de distintos propietarios y objeto de sucesivas transacciones con el propósito de encubrir su origen ilícito y evadir la acción de las autoridades”, señaló la Fiscalía.
Otros cuatro bienes pertenecientes a la misma organización criminal, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se encuentran ubicados en el oriente del país, en los departamentos de Meta y Casanare, y también fueron objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía, por orden del Tribunal Superior de Medellín.
“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Ejército Nacional, materializó las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín sobre 19 bienes vinculados al extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, señaló el ente acusador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, se logró establecer que la hacienda no solo era el centro de operaciones para esta estructura armada ilegal, sino que también permitía la financiación de sus actividades ilícitas. Todo quedó consignado en el expediente que dio lugar a las medidas de extinción de dominio.
“Las labores de policía judicial, que incluyeron análisis predial, reconstrucción histórica, verificación documental y trabajo de campo, permitieron conocer que los bienes, además de servir como refugio de estructuras armadas, también se convirtieron en soporte económico de la organización”, advirtió la Fiscalía.
Los bienes objeto de extinción de dominio en estos operativos contra las Autodefensas Unidas de Colombia pasarán al fondo para la reparación de las víctimas.