Procuraduría: el día definitivo para la carrera en la Corte Suprema

La carrera por la Procuraduría vive un momento definitivo este jueves. En la Corte Suprema de Justicia, la misma que hace una semana decidió la casa por cárcel para Álvaro Uribe Vélez, se vive una de las carreras más intensas y apasionadas de los últimos tiempos. Un grupo de abogados compite por ser la carta de ese alto tribunal en la dura pelea que se vivirá en el Senado por la Procuraduría General de la nación por definir el reemplazo de Fernando Carrillo.

La elección, que siempre suele llevarse todos los reflectores había quedado opaca por el impacto judicial y político que tuvo la orden de privación de la libertad contra el expresidente. Sin embargo, se trata de una contienda en dónde hay mucho en juego.

Para comenzar, se trata de una entidad que tiene un presupuesto anual de un billón de pesos y una planta de 4.400 personas. La Procuraduría es un organismo poderoso y apetecido, al igual que la Contraloría y la Fiscalía, porque quien la dirija tiene en sus manos el poder de sancionar disciplinariamente a alcaldes, gobernadores, ministros, concejales, diputados, entre otros.

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Por esta razón, al próximo procurador no solo lo debe anteceder una hoja de vida respetable, con trayectoria y méritos, sino que además deberá tener diálogo político y capacidad de convencer a los 108 congresistas que lo elegirán. Por eso, esta elección es principalmente política y, como dato de contexto, en los últimos años el candidato de la Casa de Nariño no ha corrido con suerte. Las probabilidades de que queden los ternados de las cortes son las más altas.

La votación en la sala plena de la Corte Suprema comenzará a las 9 de la mañana. Después de la sesión de presentación de los candidatos, suenan como favoritos, en orden alfabético, Enrique Gil, Jorge Otálora, Wilson Ruiz y Alberto Yepes.

Los cuatro son viejos conocidos en la rama judicial. Enrique Gil fue consejero de Estado y ministro de Justicia en el Gobierno de Santos en representación del Partido Conservador. El jurista antioqueño fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Alberto Yepes también fue Consejero de Estado. Tuvo un periodo muy destacado en ese alto tribunal. Coordinó el proyecto de reforma electoral que se desarrolló con el apoyo de la cooperación internacional como parte de los Acuerdos de la Habana y fue ponente de varios de los casos más importantes que pasaron en esos años, como por ejemplo la nulidad de la elección de Alejandro Ordóñez.  

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Jorge Armando Otálora fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y defensor del Pueblo. A ese último cargo tuvo que renunciar en medio de una polémica por haber tenido una relación sentimental con una de sus subalternas.

Wilson Ruiz es bastante conocido en el poder judicial. Se desempeñó como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y fue procurador delegado en la época de Alejandro Ordóñez. El enfrentamiento de tantos colegas exmagistrados es una de las situaciones curiosas que deja esta elección.

Con el abogado que designen, la Corte Suprema aspira a poner procurador, como lo hizo en el pasado con Alejandro Ordóñez. Por ahora, se cree que la recta final estará entre Wilson Ruiz, quien tiene una buena entrada al Congreso y Alberto Yepes, quien tiene reconocimiento en el mundo académico y jurídico. 

La Presidencia aún no ha destapado su carta, pero se cree que la candidata de Iván Duque será su ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco. Y el Consejo de Estado le apostó a la continuidad y designó en la terna a Juan Carlos Cortés, quien había sido hasta hace unos meses el número 2 de Carrillo.

El nuevo procurador llegará en un momento crucial, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos está por fallar definitivamente una demanda del exalcalde y excandidato a la presidencia Gustavo Petro. La discusión estudia de fondo si el Ministerio Público tiene o no el poder de sancionar con destitución a políticos elegidos popularmente. Como se sabe, en la Procuraduría recaen las investigaciones disciplinarias a alcaldes, gobernadores, ministros, concejales, diputados, entre otros. También tendrá un poder especial en el caso Uribe pues todos los procesos penales tienen la intervención de un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia. 

En lo corrido de su periodo, Carrillo ha destituido a 910 funcionarios y suspendido de sus cargos a 1.496. Muchos de ellos pueden quedar por fuera de los cargos en el sector público hasta por 20 años.