Nación
Procuraduría pide a Corte Constitucional que evalúe declarar el estado de cosas inconstitucionales por crisis en la salud
El ente de control ha advertido en varias ocasiones de la crisis que puede desatar el aumento de la UPC.
En un documento de 24 páginas, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que evalué la posibilidad de declaratoria de un estado de cosas inconstitucional por la crisis en la salud, de la cual ha venido dando alertas el ente de control, al reiterar que el aumento de la UPC en un 5,36 % no solo afectaría a las clínicas sino también a los pacientes.
En una carta dirigida al presidente de la Corte, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas señala el ente de control que “la misma Corte Constitucional ha registrado en los autos de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760-08 cómo el Ministerio de Salud y Protección Social ha desafiado a la Corte Constitucional al haber omitido reiteradamente dar cumplimiento a las órdenes, especialmente las que le proscriben atacar la sostenibilidad financiera del sistema”.
Además, la Procuraduría requirió nuevamente al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, información acerca del procedimiento técnico para la estimación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025.
En el documento, dirigido al magistrado Reyes Cuartas, señala el ente de control que “el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el acto administrativo con presunta indebida y falsa motivación, con base en fuentes de información parciales, con un procedimiento ajeno a las normas (por ejemplo: la Nueva EPS intervenida no tiene estados financieros de 2023 y representa el 23 % de la población asegurada con más de 11 millones de afiliados)”.
Lo más leído
La Procuraduría también alertó que los autos realizados por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte darían cuenta cómo el Ministerio de Salud habría ignorado instrucciones y órdenes, por la toma de decisiones sin estudios técnicos ni reportar la información que los organismos de control requieren.
“La Procuraduría destaca que la decisión de incremento del valor de la UPC para 2025 no corresponde a una decisión técnica sino política y en tal sentido, en representación de la sociedad, solicita a la H. Corte Constitucional, adoptar las medidas orientadas a restablecer el orden constitucional y los derechos de los colombianos”, dice la carta que ahora reposa en el despacho del presidente del alto tribunal.
Para la procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, la resolución que fijó el valor de la UPC para 2025 habría sido expedido presuntamente con indebida y falsa motivación.
El ente de control liderado por Margarita Cabello también citó un informe de la Contraloría General de la República, en el que se señala que lo citado “por el Ministerio de Salud y Protección Social, cuyos presuntos hallazgos estuvieron errónea y antitécnicamente sustentados en el principio de anualidad del Presupuesto General de la Nación que no le es aplicable a las EPS, fue totalmente desvirtuado por los conceptos expedidos por el mismo Ministerio de Salud”.
Además del llamado a la Corte para que estudie la posibilidad de declarar el estado de cosas inconstitucionales, sobre la crisis por la que atraviesa el sistema de salud colombiano, la Procuraduría también le pidió al Ministerio de Salud, a la Comisión Asesora de Beneficios de Operación de Aseguramiento en Salud, al Ministerio de Hacienda y a Planeación, tener un proceso técnico y participativo que garantice el cálculo de la UPC.
Sin embargo, solicitó: “Documentos o conceptos que incluyan los análisis y recomendaciones del grupo técnico dirigidos a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, relacionados con el cálculo de la UPC para el año 2025”.
La Procuraduría cuestionó que aunque a la fecha no se ha tenido respuesta sobre un primer requerimiento alrededor del ajuste de la UPC, el Ministerio de salud si pudo enviar durante la noche del 27 de diciembre, un escrito de recusación contra la procuradora General, Margarita Cabello, y la delegada para Asuntos del Trabajo, alegando que se vulneró el principio de imparcialidad y el derecho al debido proceso.
