Procuraduría pide acciones del Gobierno para recuperar el daño ambiental ocasionado por la crisis migratoria en la selva del Darién

A la preocupación por la crisis humanitaria en el Tapón del Darién, se suma la preocupación por el daño ambiental ocasionado por la crisis migratoria en esta región, considerada como uno de los puntos con mayor biodiversidad en el país.

Es por esto que la Procuraduría General de la Nación les pidió a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al ministro de Relaciones Exteriores, informar las acciones que el Gobierno nacional está implementando para dar solución a la problemática ambiental que se ha evidenciado en los últimos meses en la frontera entre Colombia y Panamá como consecuencia de la migración en el Darién.

En el seguimiento que realiza el Ministerio Público, se le pidió al Gobierno nacional un informe con las acciones para evitar mayor afectación en la selva del Darién, incluyendo las gestiones proyectadas para restaurar las áreas afectadas.

Así mismo, teniendo en cuenta la solicitud que realizó Colombia a la Unesco para declarar el área como reserva de biósfera, los ministros de Ambiente y Relaciones Exteriores deberán informar al ente de control cómo contribuirá esta declaratoria a la protección de la región, los recursos dispuestos y la entidad que estaría encargada de la administración e implementación de un plan de manejo.

Finalmente, la Procuraduría, a través de la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, confirmó que continuará con el seguimiento preventivo, por la recuperación y conservación de esta región, en la que confluyen figuras de protección ambiental entre los que se encuentran un parque nacional, dos distritos de manejo regional y una reserva forestal.

Falta de acciones

A comienzos de octubre, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y al viceministro Francisco Coy, debido a presuntas omisiones en la aplicación integral de la Política Integral Migratoria (PIM) con respecto a la población que atraviesa la región del Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá.

Los funcionarios deberán brindar explicaciones al Ministerio Público sobre las razones que, aparentemente, llevaron a no aplicar la PIM a los migrantes ubicados en los municipios de Necoclí, Acandí y Capurganá, quienes buscan cruzar la frontera entre ambos países.

Asimismo, se les exigirá que den cuenta de por qué, supuestamente, dejaron de implementar acciones destinadas a mantener operativo el Centro de Atención Sanitario, que beneficiaba a las personas que ingresaban al país desde el este.

La investigación también incluye al director general y la subdirectora de control migratorio de la Unidad Administrativa de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva y Martha Hernández Arango, respectivamente.

Según la Procuraduría, estos funcionarios habrían dejado de aplicar de manera efectiva la Política Integral Migratoria en el área del Tapón del Darién y de llevar a cabo un control eficiente de la población migrante en los municipios mencionados anteriormente. Estas presuntas omisiones se consideran un posible riesgo para la seguridad nacional.

El Tapón del Darién es una de las rutas más peligrosas de la región y, sin embargo, la más utilizada por miles de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. El drama de muchos es el negocio de otros. A través de redes sociales como Tik Tok, se ofrecen a los migrantes rutas guiadas y supuestamente seguras por el Darién por un módico precio.

La procuradora también ha alertado sobre el fenómeno de la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes que se sigue presentando en esta zona del noroccidente del país, “sin que las autoridades nacionales y territoriales adopten acciones para su prevención y para su judicialización, atentando contra el Principio de Progresividad, ya que es obligación del Estado garantizar la continuidad en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos”.