En Colombia rige el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo que modifica la forma en que se tramitan los conflictos laborales en el país. Esto implica que las empresas deban ajustar sus estrategias desde el ámbito jurídico.
El abogado Iván Polo Ecker explicó que “no estamos ante una reforma de los derechos laborales, sino ante una transformación del proceso laboral”.
Asimismo, indicó que uno de los cambios que se presentarán tiene que ver con la implementación del proceso monitorio laboral, que permite reclamar de manera más rápida acreencias claras, especialmente en asuntos cuya cuantía no exceda los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
“A través de este procedimiento, el trabajador puede solicitar directamente al juez que requiera al empleador para que pague la obligación o presente oposición dentro del término legal. Si no existe oposición, ese requerimiento judicial se convierte en título ejecutivo y permite iniciar la etapa de ejecución”, detalló.
De igual manera, la digitalización del sistema jugará un papel clave en esta nueva norma. “Implica un cambio importante en la forma de interactuar con la justicia laboral. Una decisión laboral sin soporte documental es jurídicamente vulnerable”, afirmó.
También es necesario que las empresas en Colombia puedan “fortalecer sus canales de notificación, la organización documental y la capacidad de respuesta jurídica oportuna frente a actuaciones electrónicas”.
En todo este cambio hubo un papel clave de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, con el fin de mejorar los procesos.
“Se trata de un esfuerzo orientado a modernizar el proceso laboral, hacerlo más ágil y alinearlo con las necesidades actuales del sistema productivo, de los trabajadores y de la propia administración de justicia. Ese origen técnico es importante, porque el código responde a problemáticas reales identificadas por los operadores judiciales durante muchos años”, señaló.