A las 6 en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel, hoy jueves 9 de mayo, en SEMANA? Pues la opinión se refiere a la decisión tomada por la Corte Constitucional de tumbar el Ministerio de la Igualdad, pero dejarlo funcionando o, mejor dicho, dejarlo ‘no funcionando’ hasta el 2026.
Pues no funcionando, porque no ha funcionado. Francamente, no entendí esa decisión, porque el principal argumento es que no se llevó a cabo el análisis del impacto fiscal de su creación, es decir, nunca se nos dijo cuánto costaría ponerlo en marcha con toda la burocracia que arrastraría. Ni si el presupuesto nacional daría para ello.
Ese es un argumento fuerte y bien fundamentado, pero entonces ¿qué pretende la Corte al dejarlo funcionando hasta 2026?, ¿que mientras tanto se monte y empiece a funcionar y que, si no pasa en el Congreso la ley que exige la Corte para subsanar ese y otros vicios de trámite cometidos en su conformación luego de 2026, se desmonte el inmenso aparato?
La disculpa es que la Sala Plena consideró que determinar la inexequibilidad de la ley que lo creó y permitir que tuviera efectos inmediatos implicaría eliminar el sector administrativo de Igualdad y Equidad y el ministerio que lo encabeza. Es decir, por un lado, la Corte dice que quedó mal creado y que no tiene la bobadita del aval fiscal, pero, por el otro, permite que este se construya, porque sigue vivo hasta 2026, aunque no haya comenzado a funcionar. Entonces pregunto: ¿al fin qué?