Este viernes, 30 de enero, se escribió un nuevo capítulo tras los señalamientos hechos en contra de la actual embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia Torres, por presuntamente ejercer presiones para lograr nombramientos en la Superintendencia de Salud.
Después de que el presidente Gustavo Petro señalara a quien desde el comienzo de su gobierno ha sido una de sus funcionarias más cercanas de participar en el manejo irregular de interventor en la EPS, se radicó una queja en la Procuraduría General para que se investigue disciplinariamente a la diplomática.
En la queja, radicada por la Red de Veedurías Ciudadanas, se cita lo dicho por el jefe de Estado y el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal frente a las presiones que habría hecho Sarabia para designar nombramientos.
“El presidente hacía referencia a un entramado que mostró cómo fueron designados los interventores encargados de administrar varias EPS bajo control de la Superintendencia de Salud, quienes supuestamente habrían priorizado el pago de servicios a un grupo específico de vínculos políticos”, indica la petición de investigación disciplinaria.
El direccionamiento de contratos se habría presentado en medio del proyecto para revisar las cuentas de las EPS, que terminaron ―en algunos casos― con su intervención. El entramado se habría realizado por medio de una empresa creada en España.
La respuesta de Laura Sarabia
La excanciller presentó, por medio de su defensa, una solicitud ante la Fiscalía General para que cite a declarar tanto al presidente Gustavo Petro como al exsupuerintendente de Salud, Luis Carlos Leal, con el fin de que presenten ―si las tienen― las evidencias en su contra.
“Hemos reiterado a la Fiscalía la práctica de actividades investigativas en el proceso por desinformación contra Laura Sarabia. Entregamos conversaciones digitales que acreditan que no tuvo injerencia en la designación de interventores en salud. Seguiremos aportando pruebas”, manifestó la abogada Lina Sandoval, quien representa a la embajadora.
Entre el material solicitado por la jurista está la declaración juramentada de Gustavo Petro, con el siguiente propósito: “Se indague sobre la persona que le suministró de manera falsa la información relacionada con la designación de interventores. Este punto resulta relevante, pues dentro del presente radicado se han identificado patrones de desinformación impulsados en contra de mi representada, entre ellos los relacionados con el sector salud”.
Además, pidió que se analicen una serie de conversaciones de WhatsApp y las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Nariño, aledañas al despacho de Petro, del 30 de octubre de 2024. Ese día, de acuerdo con la versión de la abogada, fue crucial para entender el escándalo que se presenta por esta temporada.
“En dicha fecha ingresaron los señores Luis Carlos Leal, Guillermo Alfonso Jaramillo y otros (al despacho presidencial). Ellos fueron convocados para explicar el origen de las hojas de vida de los interventores”.
La defensora de Laura Sarabia recordó que el 5 de agosto de 2024 su clienta emitió una circular con el siguiente mensaje: “Sarabia instruyó expresamente que ninguna persona estaba autorizada para transmitir instrucciones en su nombre. En todo caso, cualquier directriz debía ser previamente constatada”.