La Red de Veedurías de Colombia (Red Ver) radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investiguen presuntas irregularidades en los procesos de contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) a nivel nacional.
La denuncia fue presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la organización, quien solicitó al Ministerio Público evaluar la posible responsabilidad disciplinaria del director del Sena, su secretario general y otros funcionarios. Según la queja, podría existir un direccionamiento de contratos mediante pliegos con requisitos restrictivos que limitarían la pluralidad de oferentes.
De acuerdo con el documento radicado, los procesos de contratación del servicio de vigilancia del Sena superarían los 190.000 millones de pesos y se estarían adelantando en varias regionales del país con condiciones técnicas y perfiles profesionales que, presuntamente, solo podrían cumplir determinados contratistas.
La Red de Veedurías señala que algunos de los procesos presentarían “pliegos sastre” o requisitos diseñados a la medida, lo que podría favorecer a determinadas empresas del sector de vigilancia privada que, según la denuncia, han obtenido contratos similares en otras entidades públicas.
Entre las compañías mencionadas en la queja figuran Detección Ltda., Seguridad Fénix de Colombia y Atalaya Seguridad Ltda., las cuales, según el documento, habrían participado en procesos con único oferente o con condiciones que restringirían la competencia en distintas entidades territoriales.
La organización también advierte que los perfiles exigidos para cargos operativos y de coordinación incluirían requisitos específicos, como determinados posgrados, acreditaciones especiales, experiencia prolongada y certificaciones técnicas poco comunes en el mercado. Según la denuncia, estas condiciones podrían limitar la participación de otras empresas del sector.
En la queja se mencionan procesos contractuales en varias regionales del Sena. En el caso del Sena Meta, los contratos señalados alcanzarían cerca de 33.305 millones de pesos. En Cundinamarca, el presupuesto aproximado sería de 38.860 millones de pesos; en Risaralda, los procesos sumarían alrededor de 41.174 millones; y en Sucre, los contratos alcanzarían cerca de 48.019 millones de pesos.
Estos procesos cubrirían servicios de vigilancia en múltiples departamentos del país y tendrían ejecución prevista hasta finales de 2026.
“La finalidad de esta queja es proteger el interés general, la moralidad pública y el patrimonio colectivo, garantizando transparencia en la contratación pública”, señaló el presidente de la Red de Veedurías en el documento presentado ante la Procuraduría.
La organización también solicitó al Ministerio Público revisar la posible repetición de patrones contractuales en otras entidades públicas, donde, según la denuncia, se habrían registrado procesos con único proponente y requisitos similares.
La Red de Veedurías de Colombia es una organización ciudadana creada en 1994 dedicada al control social de la gestión pública y a la lucha contra la corrupción. La entidad indicó que permanecerá atenta al avance de las investigaciones y reiteró su disposición para aportar información adicional a los organismos de control.
Hasta el momento, el Sena no se ha pronunciado frente a la denuncia de la Red de Veedurías Colombia.