judicial

Samuel Moreno Rojas se declaró inocente por el caso de Odebrecht

El exalcalde de Bogotá es procesado por presuntamente exigir millonarias comisiones para la entrega del contrato Tunjuelo-Canoas.


“No acepto cargos, porque no cometí ni el interés ni el cohecho impropio, no fui coautor ni autor ni participe de ninguna de esas conductas que me enrostra la Fiscalía General de la Nación”, de esta forma, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas se declaró inocente del proceso que se le adelanta por su presunta participación en el caso Odebrecht.

Moreno Rojas, que tiene en su haber tres condenas por el Carrusel de la Contratación, enfrenta desde este miércoles un juicio penal por presuntamente haber exigido millonarios sobornos para la entrega del contrato Tunjuelo-Canoas que tenía como objetivo descontaminar el río Bogotá.

Según la Fiscalía General, el entonces alcalde mayor de Bogotá habría recibido cerca de mil millones de pesos de un grupo de empresarios y contratistas que estaban interesados en el millonario contrato, el cual tenía un valor total de 244 mil millones de pesos.

Siendo parte activa de la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, que era la encargada del proceso de contratación, se hizo una manipulación del pliego de condiciones y fechas para así beneficiar a los contratistas que ya se habían comprometido a pagarle la respectiva comisión.

Moreno Rojas deberá responder en juicio por los delitos de peculado por apropiación, cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

“El dinero se entregó durante el trámite que rodeó la convocatoria pública ICSM 731 de 2009 para la adjudicación del contrato 1115 de 2009 sobre el diseño, construcción y puesta de  operación del proyecto que hacía parte del saneamiento del Río Bogotá”, precisó el ente investigador.

En el escrito de acusación se menciona que el entonces mandatario lesionó en tres actos el bien jurídico de la administración pública y los principios de transparencia, selección objetiva y gestión pública.

Teniendo en cuenta su educación y profesión como abogado, Moreno Rojas sabía que lo que estaba haciendo iba en contra de la ley, pese a todo esto, continuó su camino delictivo. Para lograr sus fines, tuvo la coparticipación de su hermano, el entonces senador, Iván Moreno Rojas; el empresario Emilio Tapia, el abogado Manuel Sánchez y del entonces gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, (EAAB),  Jorge Enrique Pizano Callejas.

“Tenemos conocimiento que Fajardo Castillo, representante de la constructora Fajardo Nieto Ltda. entregó 250 millones a Andrés Alberto Cardona Laverde,  en efectivo y guardados en un paquete color beige sellado con cinta adhesiva”, manifestó el fiscal del caso. En abril de 2010, en la histórica casa materna de los hermanos Moreno Rojas en el barrio Teusaquillo, centro de Bogotá, se hizo la entrega del dinero.

El segundo, tercer y cuarto pago acordados por $250 millones cada uno, fueron entregados en las oficinas de la constructora Fajardo Nieto directamente por el miembro de la junta directiva de la empresa ACC Ingeniería S.A.S, Andrés Cardona Laverde, a finales junio, julio y mediados de septiembre de 2010.

“Andrés Cardona Laverde, por instrucción de Néstor Iván Moreno Rojas y con conocimiento del exalcalde imputado, procedió a entregarle estos últimos pagos a Emilio Tapia Aldana, intermediario que hizo posteriormente la entrega  de este dinero en el parqueadero de un reconocido restaurante  de la calle 116 entre las avenidas 19 y 16,  con lo cual se completaron los mil millones”, anotó el fiscal.

La Fiscalía pidió que sean citados como testigos el empresario Emilio Tapia Aldana –condenado por el carrusel y quien enfrenta actualmente un proceso penal por el contrato de Centros Poblados-, así como el contratista Orlando Fajardo –sentenciado a seis años de prisión por este escándalo de corrupción-, así como el abogado Manuel Orlando Sánchez.

Moreno Rojas cumple actualmente una condena de 39 años de prisión por las irregularidades en la cesión del contrato de la fase III de TransMilenio por la calle 26 y las fallas en la celebración de los convenios para la reparación de la malla vial y las obras de valorización en la capital de la República.

Desde 2011, el exalcalde de Bogotá se encuentra privado de su libertad en la escuela de Carabineros, en el centro de la capital de la República.