Sandra Ortiz reclama nuevo atropello por parte de la Fiscalía: “No se han dado las condiciones mínimas de respeto”

SEMANA conoció en su totalidad un oficio enviado por la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, a la Fiscalía General para reclamarle sobre la forma en cómo se han convocado las más recientes audiencias que tienen como finalidad la ampliación de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de la exfuncionaria.

En el documento, firmado por el abogado Mauricio Camacho Fernández, se advierte que pese a la trascendental audiencia no han sido notificados sobre la hora. Esto representa una nueva vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa.

“De forma clandestina pretendían prolongar el sufrimiento de esta mujer manteniéndola otro año más privada de la libertad, comportamientos desleales que fundamentan nuestra posición de no manifestar nuestra voluntad en adelantar una audiencia inmediata y solo asistiremos, se insiste cuando seamos citados en debida forma por un juez de la República”, advierte la comunicación.

Debido a esta situación, se le informó que el caso ya ha sido presentado ante organismos internacionales para que se emitan las respectivas decisiones de protección para la exfuncionaria a quien se le ha negado, incluso, participar en una negociación con el ente investigador para entregar información novedosa sobre este escándalo de corrupción.

“En este asunto se ha abusado de la posición dominante del ente instructor, se llevó a la procesada a un eventual proceso de acercamiento donde ella colaboró entregando una matriz de colaboración, respaldada con información que fue extraída de su equipo celular en asocio con los investigadores y fiscales del caso y cuando obtuvieron dicha información salieron a los medios a manifestar que el comportamiento de la doctora Ortiz era ‘deleznable’ y aun así, y pese a los diferentes requerimientos para que se devolviera esa sensible información aportada por la doctora Sandra Ortiz, su despacho se ha negado a devolverla”, advierte la defensa de la exfuncionaria.

Finalmente, se advierte que existe un evidente sesgo por parte de la Fiscalía, que insiste en que la exconsejera presidencial siga privada de su libertad mientras se adelanta su proceso, ya que para dos exministros ha solicitado la detención domiciliaria. Esto en referencia a los casos contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

“En esta misma actuación, la Fiscalía, a los máximos funcionarios del Gobierno (exministros de Estado), los trata como ciudadanos de primera al reclamarles medidas de detención domiciliarias, al permitirles que adelanten su imputación de forma virtual y a la Dra. Sandra Ortiz que está en el último eslabón de la supuesta organización criminal la tratan como una ciudadana de segunda”, alegó el abogado defensor.

La exconsejera presidencial para las regiones enfrenta un proceso penal por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Las audiencias preparatorias de juicio están programadas para febrero del próximo año.

Desde diciembre pasado se encuentra privada de su libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía, en el centro de Bogotá.