La imagen del Palacio de Justicia de Tuluá ardiendo en llamas les recordó a los colombianos uno de los momentos más dantescos y oscuros de su historia. La toma del Palacio de Justicia en Bogotá, en 1985, aún estremece a millones de personas.
La quema de un edificio en el que reposan los procesos de miles de colombianos de manera intencional es un sacrilegio. ¿Quién se beneficia? ¿Por qué quienes lideran el paro no condenan estos hechos con más vehemencia? Han pasado más de 30 años y aún en el imaginario colectivo la sombra de Pablo Escobar se cierne sobre las decenas de hipótesis que intentan explicar la quema en 1985.
Aunque la intervención del capo ha sido negada por miembros del M-19 y confirmada por sus lugartenientes, por ejemplo Popeye, lo cierto es que por años se ha intentado responder qué motivó regar galones de gasolina sobre el sitio donde reposaban los expedientes de extraditables.
La misma pregunta se hacen hoy quienes investigan la quema de los procesos en Tuluá, una región afectada enormemente por el narcotráfico. Las pesquisas apuntan a grupos al margen de la ley que buscaban borrar evidencias en su contra. La primera claridad que tienen las autoridades es que esto no tiene que ver con la protesta ni con el paro nacional.
“Rechazo y condeno estos actos de terrorismo que buscan sembrar caos y miedo. Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito”, aseguró el ministro Wilson Ruiz.
La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía se pronunciaron en el mismo sentido. Los daños de un acto delincuencial como este son enormes. En primer lugar, el edificio de Tuluá era un patrimonio arquitectónico del municipio. A los bomberos ni siquiera los dejaron pasar para rescatarlo de las llamas. Como llegaron cuando el fuego ya consumía la estructura, tuvieron que hacer un proceso para refrigerar las paredes. Sin eso, probablemente el edificio se habría venido abajo o el fuego se habría extendido a toda la cuadra.
En el Palacio trabajaban 134 servidores, entre jueces y empleados. “Un grupo de personas sin amor y sin respeto ha vandalizado la ciudad. Estas pérdidas no son reparables”, dijo entre lamentos el alcalde. Pero hay otro patrimonio que también se desvanece y que tampoco se recupera.
En ese ataque, el archivo de los procesos civiles resultó quemado en su totalidad. En dos juzgados penales se quemó el 50 por ciento del archivo, cuyos despachos estaban en esa sede. Y en otros de esa misma especialidad se destruyó todo. Se calcula que había 7.500 procesos de colombianos que esperan aclarar un crimen, un pleito o esperaban tener acceso a un derecho.
La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López, aseguró que no se trata de un hecho aislado, pues dentro de los excesos del paro nacional se ha visto un ataque sistemático a instalaciones judiciales. Relató que en Facatativá, por ejemplo, se robaron los expedientes penales y los computadores. Advirtió que hay amenazas contra los palacios de Justicia de Buga, de Cartago y de Cali. “Es muy preocupante”, aseguró.
Días atrás, la sede de la URI de Popayán había vivido este mismo calvario. Decenas de personas llegaron con palos y piedras, tras los mensajes en redes que denunciaban que allí una joven detenida en las manifestaciones habría sido víctima de violencia sexual. Los “indignados” prendieron fuego al lugar. No quedó nada en pie.
La quema destruyó los expedientes de la unidad especializada en violencia sexual contra niños y niñas desde 2010 hasta la fecha. Las denuncias y las pruebas de estos procesos están hoy en el limbo. Colombia debe condenar este atentado a la verdad que afecta de manera directa a tantos colombianos.
