Tras conocerse la denuncia revelada por la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila sobre una presunta financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro en 2022, la senadora y también precandidata Paloma Valencia no se quedó callada y emitió un pronunciamiento público en el que cuestionó al presidente, al asegurar que esos señalamientos confirman advertencias que, según ella, se conocían desde hace tiempo.
Valencia reaccionó luego de que se divulgara un audio atribuido a Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, en el que el extraditado jefe criminal asegura que entregó dinero para la campaña presidencial de Petro a través de su hermano, Juan Fernando Petro.

Para la congresista del Centro Democrático, esa grabación se suma a otros episodios que ha mencionado previamente al sustentar sus cuestionamientos sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022.
“No nos sorprende la revelación tan importante que acaba de hacer la periodista y candidata Vicky Dávila”, afirmó Valencia en su declaración. De inmediato, sostuvo que ese tipo de apoyos ya se habían mencionado anteriormente y recordó que, según su versión, el hoy presidente habría recibido respaldo desde las cárceles durante la campaña presidencial.
Las denuncias de ‘Pipe Tuluá’ son la prueba de que la campaña de Petro no solo rompió topes, sino que lo hizo con plata de delincuentes. Esto explica por qué su “Paz Total” se ha convertido en alcahuetería para los grupos ilegales. La verdad sale a la luz. @VickyDavilaH pic.twitter.com/HHhTQ6pduM
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 3, 2026
En su pronunciamiento, la senadora mencionó señalamientos relacionados con presuntos recursos de contrabando, supuestos apoyos de estructuras armadas y, más recientemente, las declaraciones de alias Pipe Tuluá, quien fue extraditado a Estados Unidos. Según ella, esos episodios hacen parte de los cuestionamientos que ha planteado sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022.
La precandidata también aseguró que, a su juicio, esos señalamientos indicarían no solo una presunta violación de los topes electorales, sino también que la financiación se habría realizado con dinero de origen delincuencial.










