Tribunal hace dura advertencia a la Fiscalía tras millonario y eterno proceso de extinción de dominio

Han pasado más de 13 años desde que la Fiscalía adelantó un operativo de extinción de dominio en contra de la familia Meyendorff y personas cercanas (supuestos testaferros). Más de 140.0000 millones de pesos en bienes que en criterio del ente acusador fueron fruto del narcotráfico.

Lo que se anunció en rueda de prensa como un gran resultado de la Fiscalía, después de una década, no se ha logrado probar. Son más de 13 años sin avances en el proceso y con un listado de bienes que se quedaron enredados, olvidados y hasta enajenados, lo que anticipa una millonaria demanda para el Estado, con cargo a los impuestos de los colombianos.

Una tutela que pasó por la Corte Suprema de Justicia y terminó en el Tribunal de Bogotá, en el despacho del magistrado Pedro Oriol Avella, está por sentar un precedente jurisprudencial en los procesos de extinción de dominio. El magistrado, después de tres años de solicitudes de la defensa y respuestas de la Fiscalía, concluyó que el ente acusador no cumplió con su labor.

Para el Tribunal de Bogotá es necesario abrir un incidente de desacato contra el fiscal 12 de extinción de dominio, José Uriel Acero, porque, a pesar de tener un expediente que cumplió 13 años por despachos en la Fiscalía y con órdenes explícitas de otras autoridades de cerrar la etapa investigativa, insiste en mantenerla, como si fuera un proceso en plena maduración.

“Por ende, del análisis de la contestación presentada se desprende que persiste el incumplimiento del fallo proferido el 3 de junio de 2021 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se ordenaba pronunciarse respecto de la procedencia o improcedencia de la acción extintiva”, señaló el Tribunal de Bogotá.

La extinción de dominio tiene afectadas a 570 personas que llevan años explicando a la Fiscalía que nada tenían que ver con Juan Fernando Álvarez Meyendoff y que sus bienes fueron adquiridos con el dinero de su trabajo, no con las actividades de narcotráfico de quien quedó en el primer renglón de la investigación.

Algunos afectados incluso han fallecido esperado, por más de 13 años, una respuesta, una conclusión definitiva de la Fiscalía sobre el proceso que en ciertos casos los dejó en la calle, sin la posibilidad de defenderse más allá de la tutela en manos del magistrado Pedro Oriol Avella. Ahora encuentran una luz para demostrar que el eterno proceso en la Fiscalía nunca cumplió el debido proceso.

“En consecuencia, y atendiendo a la normativa procesal aplicable, resulta procedente dar apertura al trámite incidental correspondiente, a fin de garantizar la correcta aplicación del fallo judicial y la efectiva tutela de los derechos involucrados”, advirtió el magistrado Avella.

La Fiscalía tendrá que definir, luego del incidente de desacato y en menos de tres días, cómo hará el cierre de este largo proceso, si lo termina por prescripción y acto irregular o a toda costa insiste en mantener la extinción de dominio, que no ha logrado completar en etapa probatoria por más de 13 años.