Tumban orden de arresto contra el director de Sanidad del Ejército, el general Carlos Rincón

El mayor general Carlos Alberto Rincón Arango, director de Sanidad del Ejército Nacional, logró tumbar el fallo que ordenaba su arresto. El mismo Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, que había ordenado su arresto el pasado 31 de octubre, revocó la decisión al comprobar que el oficial había cumplido el fallo de tutela que le ordenaba la entrega de información sobre el contratista que tiene a cargo la entrega de medicamentos a los usuarios del sistema de salud.

Luego de revisar la solicitud de la inaplicación de la sanción, el juzgado reseñó que no existía motivación alguna para emitir la orden de arresto ni la imposición de una multa. “(...) tal situación se corrobora superada, no hay alternativa distinta que ordenar la inaplicación de la sanción impuesta dentro del trámite incidental”, hecho por el cual se dejó sin efecto el primer fallo.

En dicha decisión, revelada en exclusiva por SEMANA, el abogado Abel Rojas advirtió que desde Sanidad del Ejército se han negado a entregarle información sobre el contratista que tiene a cargo la entrega de medicamentos a los usuarios del sistema de salud. El jurista explicaba que son evidentes los casos en donde sanidad del Ejército no entrega los medicamentos que son esenciales para los usuarios poniendo en riesgo sus vidas.

“Ese contrato viene presentado unos incumplimientos a nivel país. Soy uno de los usuarios a los que le han entregado medicamentos incompletos, me ha tocado comprarlos de mis propios recursos y por eso interpuse un derecho de petición de cuáles son las acciones de sanidad militar respecto a la vigilancia del contrato estatal y conocer la falencia sobre la entrega de los medicamentos, y hasta hoy absoluto silencio”, explicó el demandante.

Agregó el peticionario que a sanidad el Ejército le estaban solicitando información sobre el contratista que es el encargado del suministro, disposición, almacenamiento y entrega de los medicamentos de las Fuerzas Militares y de Policía.

“Interpuse un derecho de petición solicitando información sobre cuáles son las acciones que ha emprendido la Dirección de Sanidad Militar respecto de la vigilancia y la supervisión de ese contrato estatal; también conocer las falencias y los medicamentos no entregados durante un período de tiempo; además, pedí copia del contrato de suministro, copia de la interventoría y solicité información sobre quién es el supervisor del contrato en la dirección general de sanidad de Ejército y hasta hoy absoluto silencio”, dijo el jurista.

En medio de las solicitudes hechas a Sanidad del Ejército, el abogado Abel Rojas solicitó, además, se realice una auditoría acompañada por parte de la Superintendencia de Salud, “para que sirva como garante y dentro de su competencia actúe respecto de este contratista en lo relacionado con la jurisdicción del Establecimiento de Sanidad Militar N.° 5176, para conocer de primera mano las inconsistencias, arbitrariedades y abusos en la atención a los usuarios en lo relacionado a la entrega oportuna de los medicamentos”.

Sin embargo, tras revisar la respuesta al derecho de petición frente al tema, se concluyó que, primero, el contrato en cuestión no tenía un supervisor; y, segundo, no se había presentado ningún tipo de irregularidad en el desarrollo del mismo.

“(...) no se evidencia que se haya designado supervisor del contrato de medicamentos ante el Establecimiento de Sanidad Militar No. 5176, sino que por el contrario, se tiene como supervisor único del contrato la oficial anteriormente referida (coronel Clara Elizabeth Agudelo Infante); donde una vez revisada la plataforma del Secop II, se evidencian los informes de interventoría suscritos por firma contratada”.

En una respuesta fechada el 4 de noviembre se indicaron las acciones que se habían tomado para solucionar las novedades suscitadas con la entrega de medicamentos, “se relaciona el comité mensual de farmacia y terapéutica fármaco vigilancia, comité técnico científico, atención al usuario y actuaciones coordinación jurídica de la Regional”.