Tal como ha ocurrido con las EPS en el país, son los ciudadanos los que tienen que pagar los platos rotos de las intervenciones fallidas del Estado. Esta vez ocurriría con la empresa de energía Air-e, cuya intervención ha afectado gravemente las finanzas de la empresa, al punto de que ahora serán los colombianos los que tendrán que pagar de su bolsillo.
El viceministro Víctor Paternina advirtió que es inminente la expedición de la resolución que busca cobrar cerca de 8 pesos por kilovatio hora a un grupo de usuarios en todo Colombia, para cubrir el hueco financiero dejado en Air-e tras la intervención.
La medida trasladaría a los ciudadanos una carga derivada de decisiones administrativas que están en el radar de la Fiscalía y los organismos de control, y que habrían afectado las finanzas de Air-e durante su intervención, que ya suma cinco interventores.
Deudas
Hoy la empresa debe más de 2 billones de pesos en energía, pues simplemente ha dejado de pagar una buena parte de lo que consume.
Así las cosas, el cobro anunciado de los 8 pesos por kWh no estaría destinado a financiar una solución estructural ni nuevas inversiones que mejoren el servicio. Incluso, el cuarto interventor, Nelson Javier Vásquez, reconoció públicamente que durante la intervención no se había realizado ninguna inversión relevante.
El recargo buscaría pagar el consumo de energía, el cual no han podido cubrir, derivado del deterioro acelerado producido por la propia administración estatal, situación que recientemente también fue denunciada por el mismo sindicato de Air-e.
Según sus advertencias, las pérdidas de energía por hurto han aumentado cerca de 5 %, y existen fuertes presiones políticas para nombrar personas en distintos cargos, profundizando aún más la crisis operativa y financiera de la empresa.
Mientras los usuarios del Caribe siguen pagando tarifas altas y enfrentando un servicio deteriorado, SEMANA ha señalado contratos cuestionados, sobrecostos, pagos dudosos y una administración que profundizó la crisis. Lo más complejo es que ya hay planteamientos de posibles cortes en el servicio.
Irregularidades en la intervención
Según se ha denunciado, la intervención de Air-e terminó en una cadena de escándalos administrativos, contractuales y judiciales que profundizaron la crisis en lugar de resolverla, con cinco interventores.
Lo que se presentó como un salvavidas para garantizar la continuidad del servicio terminó en denuncias por presuntos sobrecostos, contratos cuestionados, nombramientos irregulares, ausencia de inversiones y un deterioro financiero mucho mayor al recibido.
En vez de estabilizar la empresa, la intervención estatal agravó el problema y hoy amenaza con trasladar esa factura a usuarios en todo el territorio nacional.
Por ejemplo, SEMANA fue el primero en revelar un contrato firmado por Palma con una empresa relacionada con el mismo jefe de compras y su esposa. Dicha empresa fue constituida un día antes de obtener la adjudicación, y se evidenciaron presuntos sobrecostos, al punto de que otro interventor —nombrado por el mismo Gobierno— suspendió el contrato. No obstante, ya se habían girado 14 mil millones de pesos.
Estos cuestionamientos llevaron a la Fiscalía, a través de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, a iniciar investigación contra Palma.
También se ha cuestionado un acuerdo de pago por aproximadamente 200 mil millones de pesos a una empresa de William Vélez, que presuntamente violaría las resoluciones de la Superintendencia que prohibían pagar deudas previas a la toma de posesión, y que fue firmado por Tania Peñaranda, actual interventora, quien en el pasado trabajó con el mismo Vélez en la Triple A, empresa de servicios de Barranquilla.