El Palo del Ahorcado o árbol de la vida, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, se convirtió en un sitio de peregrinación para los católicos de este punto de la ciudad. Era un espacio querido y símbolo para los creyentes. Estaba en un lote en disputa legal, amenazado por tierreros.
El reconocido árbol fue víctima de delincuentes que le prendieron fuego en la base del árbol, prácticamente sentenciándolo a caer al suelo. La indignación, rabia e impotencia de la comunidad quedó reflejada en una denuncia que radicó el abogado Simón Hernández para exigir a la Fiscalía una investigación.
“Reviste especial importancia social, ambiental, cultural y espiritual, en la medida en que constituye uno de los principales puntos de peregrinación, encuentro religioso y concentración comunitaria de la ciudad de Bogotá, siendo frecuentado de manera periódica por ciudadanos y diferentes colectivos para el desarrollo de actividades de carácter espiritual, cultural y simbólico”, señala la denuncia.
El Palo del Ahorcado no es cualquier árbol; se trata de un símbolo para los creyentes que se acercaban cada fin de semana a rezar y encomendar algunos eventos de sus vidas. Incluso la alcaldía de Bogotá consideró este espacio como un bien de interés cultural para la ciudad; aun así lo vandalizaron.
“El 10 de febrero de 2026, se produjo un deterioro significativo del referido árbol, así como afectaciones materiales en el entorno inmediato del predio, puesto que personas hasta ahora no identificadas ingresaron al mencionado predio, en un horario en el cual no se desarrollaban actividades autorizadas ni se encontraba personal encargado en el lugar”, señaló la denuncia.
Denuncian vandalismo contra un reconocido sitio de peregrinación en el sur de Bogotá. Señalan a tierreros que buscarían quedarse con un extenso lote. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/TqNnoVRjKi
— Revista Semana (@RevistaSemana) February 19, 2026
Advierten los denunciantes que lo ocurrido en el Palo del Ahorcado no corresponde a las actividades propias que se desarrollaban en procesos de peregrinación de los creyentes que normalmente y de manera periódica ingresaban al predio como parte de una rutina religiosa; se trataría más bien de una actividad criminal diseñada a destruir este símbolo de fe.
“En consecuencia, los hechos ocurridos el día 10 de febrero de 2026 no corresponden a ninguna actividad religiosa, cultural o comunitaria previamente autorizada, programada o avalada por el propietario del predio, por las autoridades competentes o por la Arquidiócesis, sino a una actuación irregular, no consentida y contraria a los protocolos establecidos”, advierte el documento.
Con la denuncia, los abogados esperan que la Fiscalía adelante las investigaciones correspondientes y determine si, como se ha advertido en diferentes oportunidades, un grupo de tierreros que amenaza con apoderarse del terreno estaría comprometido con estos hechos de vandalismo.