Venezolano investigado por homicidio estaría siendo víctima de persecución política. Corte rechaza su extradición

Desde hace casi un año, la Embajada de Venezuela en Colombia solicitó la extradición de Gabriel José Carrillo Delgado, un hombre que está siendo solicitado por el Tribunal Penal del Estado de Zulia, por el delito de homicidio intencional.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia analizó la petición a fondo para entender si la extradición puede ser tramitada como un simple pedido de cooperación judicial, pero en el estudio del proceso apareció la posible persecución política de la que estaría siendo víctima Carrillo Delgado.

Con ponencia del magistrado Hugo Quintero, la Sala Penal de la Corte precisó: “Dentro del trámite de extradición obran diversos medios de convicción que, a su juicio, respaldan la existencia de una eventual persecución política”.

Entre esas pruebas encontraron un certificado que acredita su militancia en el partido político Voluntad Popular y toda la documentación que tenía con la condición de solicitante refugiado.

La Corte resaltó que esa documentación demuestra que tanto la actividad política de Gabriel Carrillo como las actuaciones de inteligencia de las autoridades venezolanas se dieron antes del proceso penal que dio origen a la petición de extradición.

La decisión también dejó claro que la “secuencia cronológica” constituye un elemento objetivo que impide analizar la solicitud de extradición como un procedimiento ordinario de cooperación judicial y exige valorar el caso desde otra perspectiva, como las obligaciones constitucionales e internacionales.

Uno de los datos transcendentales detrás de la decisión es que, para la época de los hechos, la República Bolivariana de Venezuela atravesaba un escenario de intensa confrontación política entre el Gobierno y diversos sectores de oposición.

Por eso, la Corte explicó que dentro de este último contexto tomó especial relevancia el partido político Voluntad Popular, organización de oposición liderada por Leopoldo López, quien fue un perseguido político por el entonces Gobierno venezolano.

Pero otros dirigentes y militantes, como Gabriel José Carrillo Delgado, terminaron mencionados frecuentemente en informes de organismos nacionales e internacionales que documentaron un patrón de actuación estatal asociado a una persecución contra ese colectivo político, según la Corte.

Todas esas situaciones provocaron que la Corte Suprema de Justicia negara el aval para que Gabriel Carrillo terminara extraditado al vecino país por el proceso de homicidio.