Video clave y ocho meses de silencio judicial: grave retraso en el proceso por el homicidio de un médico en La Guajira

La familia del médico Ricardo Rafael Rodríguez Brochero, quien fue asesinado en octubre de 2024 en Barrancas, La Guajira, volvió a exigir respuestas por las demoras en el proceso penal contra el presunto responsable del homicidio. El abogado de la familia de la víctima, César Augusto Vargas Gómez, advirtió que el caso completa más de un año sin una decisión de fondo, pese a la existencia de un video que registró el momento en que se produjo el disparo.

El 13 de octubre de 2024, Rodríguez Brochero recibió un impacto de arma de fuego en vía pública. Según las pruebas del expediente, el proyectil habría sido accionado por Nilson José Solano Brochero, quien llevaba consigo una pistola Jericho 9 milímetros y, de acuerdo con la Fiscalía, se encontraba bajo los efectos del alcohol. La Policía capturó a Solano dos días después, y un juez de Barrancas le impuso medida de aseguramiento.

El caso avanzó hasta marzo de 2025, cuando la Fiscalía presentó acusación ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Juan del Cesar, señalando a Solano como autor del delito de homicidio agravado bajo la modalidad de dolo eventual. Ese mismo día, la defensa solicitó la nulidad del acto de acusación, argumento que fue rechazado por el despacho. La decisión quedó en manos del Tribunal Superior de Riohacha, donde permanece en estudio desde hace ocho meses.

Ante la falta de avances, el apoderado de la familia interpuso una acción de tutela el 25 de octubre de 2025 para reclamar pronta justicia y evitar el vencimiento de términos. El recurso fue asumido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema el 27 de octubre, pero aún no hay una determinación.

El abogado Vargas Gómez aseguró que la ausencia de decisiones mantiene en estado de indefensión a la esposa del médico y a sus dos hijos menores. Señaló que el retraso configura una situación de impunidad que contradice el principio de tutela judicial efectiva y pidió a las autoridades actuar con urgencia para garantizar que el caso avance.

La representación legal reiteró que continuará presionando por el cumplimiento de los plazos procesales y por una resolución que permita esclarecer la responsabilidad penal por la muerte del médico.