Coordinador jurídico de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soacha sufrió intento de asesinato cerca de estación de TransMilenio

El martes 2 de diciembre, hacia las 6:00 p. m., Gabriel Hurtado, coordinador jurídico de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha, que también atiende a los municipios de Sibaté y Granada, fue víctima de un intento de homicidio mientras regresaba a su casa.

De acuerdo con los relatos conocidos, Hurtado salió de la sede ubicada en el centro de Soacha y abordó un bus colectivo para dirigirse hacia la estación de TransMilenio San Mateo. Todo apunta a que un hombre lo siguió desde su lugar de trabajo.

Al descender del bus y caminar hacia la estación, el agresor apareció de la nada y, sin mediar palabra con la víctima, se acercó, le puso un arma en la boca y le disparó en la mejilla. A pesar del impacto, Hurtado intentó correr para salvar su vida, pero el gatillero volvió a dispararle, esta vez por la espalda.

El funcionario sufrió heridas graves que comprometieron el bazo, los riñones y otros órganos internos. Fue trasladado de urgencia al Hospital Cardiovascular de San Mateo, donde fue sometido a una primera intervención quirúrgica. Los médicos advirtieron que necesitará cirugías adicionales y que su estado de salud sigue siendo delicado.

Rafael Mariño, director de la oficina que cubre Soacha, Sibaté y Granada, afirmó que el atentado podría estar relacionado con amenazas que él y otros funcionarios han recibido desde hace tiempo por parte de un grupo conocido como Los Tierreros.

Según explicó, al portal de noticias Periodismo Público, esta organización busca “adueñarse” de una franja de tierra sobre la Autopista Sur, donde se ubicaba el antiguo corredor del ferrocarril, cuya propiedad está en disputa tras la venta de terrenos a TransMilenio. Los Tierreros habrían exigido que los funcionarios avalaran su versión de la titularidad del predio.

Mariño añadió que estas intimidaciones no solo se han dirigido a la oficina de registro, sino también a notarios, curadores y jueces responsables de trámites de tierras, lo que evidencia un patrón de presión contra las autoridades que administran el ordenamiento territorial.

El director sostiene que el ataque era “previsible”. Dice haber denunciado la situación en varias ocasiones ante la Secretaría de Gobierno y, después, ante una unidad investigativa de la Policía local, pero nunca recibió medidas de protección.

A su juicio, la ausencia de presencia policial en una dependencia con alta afluencia y funciones sensibles la convierte en un blanco fácil.

Por su lado, desde la Superintendencia de Notariado y Registro emitieron un comunicado oficial en el que aseguraron que “el ataque sufrido es un hecho inadmisible. Confiamos en que la Fiscalía y las autoridades competentes avancen de forma rápida y rigurosa en la investigación”.

Además, informaron que desde la Supernotariado prestarán todo el acompañamiento institucional necesario, tanto al colaborador como a las entidades encargadas del caso.

“La entidad expresa su solidaridad con el funcionario herido, espera su pronta recuperación y reafirma su compromiso en apoyar plenamente las investigaciones, así como en fortalecer las acciones necesarias para garantizar la seguridad de todo su talento humano”, indicaron.