Cali se prepara para vivir uno de los dispositivos de seguridad más grandes de su historia reciente. A siete días de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, la capital del Valle del Cauca comenzó a transformarse en una ciudad blindada, con un despliegue de más de 11.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, corredores seguros, vigilancia aérea permanente, restricciones al espacio aéreo para drones particulares y un puesto de mando unificado que operará las 24 horas para coordinar cualquier eventualidad.
La magnitud del operativo no obedece únicamente a la trascendencia institucional del evento. Las autoridades esperan la llegada de decenas de delegaciones internacionales, jefes de Estado, representantes diplomáticos y miles de asistentes, que convertirán la ceremonia del próximo 7 de agosto –en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali– en uno de los acontecimientos políticos más importantes que haya recibido la Sultana en las últimas décadas.
Durante un consejo extraordinario de seguridad encabezado por el Ministerio de Defensa, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y la cúpula militar y policial, quedó definido el esquema que protegerá la ceremonia presidencial. El dispositivo contempla personal entrenado en operaciones especiales, antiexplosivos, inteligencia, tránsito, turismo, unidades motorizadas, artillería, vigilancia aérea con aeronaves tripuladas y no tripuladas, evacuaciones aeromédicas y capacidades fluviales, con presencia tanto en Cali como en su área metropolitana.
Las medidas también incluyen la prohibición del vuelo de drones particulares durante toda la jornada, sobrevuelos permanentes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, monitoreo mediante drones institucionales y un sistema de inteligencia reforzado para anticipar cualquier amenaza que pueda alterar el desarrollo de la ceremonia. Desde el puesto de mando unificado se coordinarán en tiempo real las decisiones entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad del evento.
La gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó, además, que se implementarán corredores seguros entre el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y Cali, así como en municipios estratégicos, como Palmira, Jamundí, Florida y Candelaria, con presencia permanente de la fuerza pública. Paralelamente, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien suministre información que permita prevenir o frustrar cualquier acción terrorista o criminal relacionada con la posesión presidencial.
La dimensión internacional del acto explica buena parte del robusto esquema de seguridad. La organización confirmó la asistencia del rey Felipe VI de España, quien encabezará la representación de la monarquía española durante la ceremonia. A él se sumarán el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, además de otras delegaciones diplomáticas provenientes de diferentes regiones del mundo. También está prevista la presencia de representantes de Gobiernos aliados y altos funcionarios extranjeros, lo que convierte la ceremonia en un evento de alto nivel diplomático.
La llegada simultánea de mandatarios, equipos de seguridad internacionales y misiones diplomáticas obligó a fortalecer los protocolos aeroportuarios, los esquemas de movilidad y la protección de hoteles, escenarios oficiales y principales corredores de la ciudad.
Mientras el Gobierno entrante afina los detalles de la ceremonia, la oposición también prepara su propia agenda para el 7 de agosto.
Dirigentes del Pacto Histórico, encabezados por el senador Iván Cepeda y varios congresistas de esa colectividad, anunciaron que no asistirán a la posesión presidencial. En cambio, convocaron plantones y concentraciones paralelas en Cali, principalmente en el monumento a la resistencia, donde esperan reunir a simpatizantes para expresar su rechazo al nuevo Gobierno.