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En la zona rural de Buenaventura, al menos tres grupos armados se disputan el control. | Foto: SEMANA RURAL

Valle del Cauca

Llegaron a Buenaventura más de 100 familias desplazadas por enfrentamientos de grupos armados

El desplazamiento ocurre a una semana de las protestas para rechazar la violencia en la zona rural de Buenaventura.

28 de marzo de 2023

Decenas de familias abandonaron sus viviendas y llegaron en las últimas horas al casco urbano de Buenaventura, Valle del Cauca. Los enfrentamientos de grupos armados en la zona rural del distrito portuario, puntualmente en el sector Pital, cerca al río Cajambre, provocaron este masivo desplazamiento.

El personero de Buenaventura, Edwin Patiño, dijo que las familias prefirieron dejar sus casas a cambio de salvaguardar sus vidas, ya que sujetos fuertemente armados merodeaban su comunidad.

“Hasta el momento hemos caracterizado 114 familias con un promedio de 3 a 4 miembros por familia. Es decir, estamos hablando de un promedio de 400 a 500 personas provenientes de Pital”, aseguró Patiño a Blu Radio.

Enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN habrían sido el detonante de los desplazamientos. En la zona rural de Buenaventura también hay presencia del Clan del Golfo.

Patiño afirmó, además, que otro grupo de familias optó por desplazarse a veredas cercanas y no al casco urbano de Buenaventura, y que solo unas diez se quedaron en su lugar de origen como “símbolo de resistencia”.

“Se necesita la presencia de la Fuerza Pública. Entendemos que es difícil la tarea, ese territorio es muy extenso (...) pero si siguen los desplazamientos forzados, en 5 o 10 años no habrá población civil en la zona rural de Buenaventura”, agregó el personero.

Líderes de Buenaventura consideran que el cese al fuego trajo más violencia al territorio.

Hace apenas una semana, las comunidades que viven cerca a los ríos Cajambre, Bahía Málaga, Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Mayorquín, Yurumanguí y Naya, salieron a protestar en el casco urbano del distrito portuario para rechazar la violencia que están sufriendo debido a la presencia de grupos armados y pedir soluciones al Gobierno.

Las comunidades afectadas por los grupos armados recorren las calles de Buenaventura, Valle del Cauca.
Las comunidades afectadas por los grupos armados recorren las calles de Buenaventura, Valle del Cauca. | Foto: Fragmento de video

Mario Angulo, coordinador del Proceso de Comunidades Negras en Buenaventura, consideró que “el acuerdo bilateral, en vez de mejorar la situación en el territorio, le ha dado libertad a los actores armados para ejercer más control”.

Habitantes de la zona rural de Buenaventura marcharon este miércoles y luego bloquearon la vía de acceso al puerto.
Habitantes de la zona rural de Buenaventura marcharon este miércoles y luego bloquearon la vía de acceso al puerto. | Foto: Twitter @VerdadPacifico

Son 20 las exigencias que las comunidades afectadas por la violencia de los grupos armados le hicieron al Gobierno con la protesta. Se destacan los siguientes:

- Los acuerdos con los actores armados ilegales deben extenderse a desmontar el control social que tienen estos grupos al interior de las comunidades, entre ellos no hacer retenes ilegales en los territorios, ni estar dentro de los pueblos y caseríos, al igual que no inmiscuirse en los asuntos comunitarios

- El Ministerio del Interior y el Comisionado de Paz deben verificar periódicamente los acuerdos con los actores armados, en las nueve cuencas hidrográficas de Buenaventura y en todo el suroccidente del país o donde tengan injerencias estos grupos (cronograma con responsables).

- La Unidad Para las víctimas, la Alcaldía de Buenaventura y demás instituciones involucradas, adelantar en los próximos dos meses los retornos a los territorios comenzado perentoriamente por los desplazados del consejo comunitario de calima. Hacer un cronograma de intervención con todos los requerimientos, principalmente el mejoramiento de las viviendas.

- Que por parte de los actores armados ilegales haya un gesto de buena voluntad, en un término no mayor a cuatro meses, den respuestas y devuelvan los jóvenes reclutados para la guerra, y de la misma forma devuelvan a las familias las personas desaparecidas por ellos y que hacen parte de los territorios étnicos.

- En los acuerdos bilaterales y al comenzar cualquier negociación con los actores armados ilegales, se debe exigir el compromiso con el cese del reclutamiento, en los territorios étnicos.

- El Gobierno nacional debe exigir que paren las amenazas y persecuciones de los actores armados a los líderes comunitarios que andamos gestionando nuestros propios procesos y el bienestar colectivo para la comunidad y la región.