Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el hallazgo de tres personas asesinadas en la vía que comunica los municipios de Silvia y Totoró, en el oriente del departamento del Cauca. El hecho, registrado en la vereda Miraflores, fue denunciado por la comunidad este jueves. En la zona delinquen las disidencias de las Farc.
De acuerdo con los primeros reportes conocidos por las autoridades, las víctimas fueron encontradas con heridas ocasionadas por arma de fuego en un sector limítrofe entre ambas poblaciones. Las versiones preliminares indican que se trataría de tres ciclistas que recorrían este corredor vial cuando fueron atacados.
Hasta el momento, las identidades de los fallecidos permanecen sin establecer y tampoco existe un pronunciamiento oficial que determine qué grupo armado o estructura criminal estaría detrás del triple homicidio. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación mientras recopilan testimonios y elementos probatorios que permitan reconstruir lo ocurrido.
Al lugar fueron desplazados funcionarios de Policía Judicial y unidades de la Fuerza Pública para realizar la inspección técnica de los cuerpos y adelantar las labores forenses correspondientes. Paralelamente, los investigadores buscan establecer la ruta que siguieron las víctimas antes del ataque y las circunstancias que rodearon el crimen.
Este nuevo hecho violento se suma a una preocupante escalada de masacres en el Cauca, departamento que continúa encabezando las cifras nacionales de este delito durante 2026. Solo en el último mes se han registrado al menos tres masacres en diferentes municipios, una situación que mantiene en alerta a las autoridades y a las organizaciones defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con el más reciente balance del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, el Cauca acumula al menos 12 masacres en lo corrido del año, consolidándose como el territorio con mayor número de casos en el país. La mayoría de estos hechos se ha concentrado en municipios donde persisten disputas entre estructuras armadas ilegales por el control territorial y de las economías ilícitas.
La persistencia de estos crímenes refleja el deterioro de la seguridad en varias subregiones del departamento, donde comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes continúan expuestas a homicidios, desplazamientos, confinamientos y amenazas derivadas de la confrontación entre grupos armados ilegales, pese a las operaciones militares desplegadas por el Estado.