Por presunta falta de interventoría en contratos del PAE, Personería de Cali abrió investigación

La Personería de Cali informó este jueves, 16 de octubre, que abrió investigación disciplinaria por posibles deficiencias en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), luego de diferentes visitas realizadas a instituciones educativas del Distrito

De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Educación, actualmente no existe interventoría sobre cuatro contratos del PAE, que suman alrededor de 98 mil millones de pesos, señaló el ente de control distrital.

Según el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, lo anterior va en contravía no solo de las exigencias contenidas en la Ley 1474 de 2011, a fin de que se realice el adecuado seguimiento a la ejecución de los recursos destinados a las obligaciones y compromisos contractuales adquiridos por los proveedores, a través de conocimiento técnico especializado y las herramientas necesarias para el proceso de vigilancia, seguimiento, monitoreo y control.

Esta situación ha generado preocupación del Ministerio Público frente a la vigilancia y control de los recursos públicos, así como la calidad de alimentación de los niños, niñas y adolescentes de las diferentes instituciones educativas públicas de Cali.

La actuación disciplinaria se adelanta conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley 1952 de 2019 —Código General Disciplinario— y tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y establecer si se ha actuado bajo una causal de exclusión de responsabilidad.

Otras irregularidades

Tras la adjudicación, en audiencia pública, del Programa de Alimentación Escolar para Cali, por parte de la Secretaría de Educación distrital, la Unión Temporal Nutrivida, uno de los operadores que participó en este proceso, denunció supuestas irregularidades que habrían favorecido a los oferentes, que desde hace varios años vienen prestando ese servicio en cuatro zonas de la ciudad.

Beimar Borja, representante legal de este grupo empresarial, quien pidió la revocatoria de dicho proceso licitatorio por más de 97 mil millones de pesos, anunció que acudirá a los organismos de control para que se investigue la actuación del grupo evaluador.

“Inicialmente, nos dan 70 puntos y solo dos horas después, en la evaluación definitiva nos dan 46 puntos, argumentando errores aritméticos, cosas que no entendemos porque todos teníamos el mismo valor de la oferta económica y no nos asignaron esos puntajes, ni siquiera nos dieron la oportunidad de llegar a los criterios de desempate. Por eso vamos a demandar el proceso de adjudicación ante Procuraduría, Contraloría y ante la Fiscalía, teniendo en cuenta que el proceso está viciado”, señaló el denunciante.