Antioquia

Personero de Rionegro, Antioquia, gana demanda que obliga a MinSalud a pagar $280.000 millones a red hospitalaria y pide al ministro “respeto”

La cifra, aseguró el funcionario, obedece a una cartera vencida con fecha a agosto del año pasado.

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20 de enero de 2026, 5:05 p. m.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de salud.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de salud. Foto: SEMANA

Jorge Luis Restrepo Gómez, el personero de Rionegro, Antioquia, acaba de ganar una importante batalla jurídica ante el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la Nueva EPS y Savia Salud y el Ministerio de Hacienda, entre otros, para que se le pague a la red hospitalaria de su municipio una deuda que, según él, supera los $280.000 millones.

Ministro de Salud Guillermo Jaramillo.
Ministro de Salud Guillermo Jaramillo. Foto: Colprensa

El funcionario logró que el Tribunal Administrativo de Antioquia decretara medidas cautelares que obligan a esas entidades a crear un cronograma en diez días “sujeto a plazos razonados, razonables y proporcionales a la necesidad de prevenir y/o conjurar el riesgo a que haya lugar” para subsanar millonaria la deuda.

El funcionario, con la demanda, había pedido que cesara el daño causado por “la omisión por parte de las entidades accionadas relativo al giro de recurso a la red hospitalaria del municipio de Rionegro – Antioquia”, la cual está conformada tanto por el Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro – Antioquia (de carácter público) como por las entidades privadas Clínica Somer, Somer Incare, Hospital San Vicente Fundación, Serviucis e Imedi.

La deuda, aseguró en la demanda, “pone en riesgo real e inminente los derechos fundamentales a la salud y la vida de los habitantes del municipio de Rionegro – Antioquia y su área de influencia, es decir, los 22 municipios que conforman el oriente antioqueño, así como los derechos colectivos a la salubridad pública, moralidad administrativa y defensa del patrimonio público”.

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Al 31 de agosto de 2025, “la cartera total adeudada por las EPS Savia Salud, Nueva EPS y el Adres a las cinco IPS asciende a un total de 278.524.279.037 pesos (doscientos setenta y ocho mil quinientos veinticuatro millones, doscientos setenta y nueve mil, treinta y siete pesos)”, argumentó.

Tras revisar lo argumentado por el personero, el Tribunal decidió que las entidades demandadas “adopten sin dilación la conducta debida, que no es otra que la de ejecutar las competencias a su cargo, en pro de garantizar en sede administrativa los derechos colectivos aludidos y en respeto y garantía de obligaciones constitucionales y convencionales que así lo imponen”.

“No decretar una medida de cautela en este momento inicial resultaría más gravoso para el interés público, pues podría materializarse el riesgo que se busca sea precavido por las citadas accionadas”, añadió el fallo a la acción popular.

Además, les ordena que “dentro de los diez días siguientes a la notificación del presente auto, informen al tribunal sobre las actuaciones surtidas por cada entidad, para atender la situación fáctica que motiva la demanda y que genera la cautela decretada y las gestiones que, de ser el caso, seguidamente se realizarían, incluyendo un cronograma de estas, sujeto a plazos razonados, razonables y proporcionales a la necesidad de prevenir y/o conjurar el riesgo a que haya lugar”.

SEMANA habló con el personero, quien celebró la decisión, que data del 15 de enero, y dijo: “Esperamos enviar un mensaje de que confiamos en la institucionalidad y que la Rama Judicial dé avance para que obliguen a estas instituciones al saneamiento de estos valores tan altos y permitan la garantía del derecho a la salud a nuestros pobladores”.

Es que, según manifestó, la crisis de salud ha llevado a que, en un término de dos años, las reclamaciones para que se proteja el derecho a la salud se disparen de 1.000 tutelas en 2023 a 2.600 en 2025.

Por último, envió un mensaje al Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, tras las desobligantes declaraciones que dio sobre la crisis del Hospital San Rafael de Itagüí, municipio a 60 kilómetros de Rionegro, en las que declaró: “Los ricos también lloran”.

“Si bien no es un sujeto de control por parte de esta agencia de personería, sí hay que decir que todos somos servidores públicos, y hay que tener un lenguaje de respeto y decencia porque ese comentario se torna burlesco ante una crisis tan dura como es la de la salud y que innegablemente a los antioqueños no les cae bien ese mensaje”, señaló el joven personero.

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Ante la decisión, las entidades demandadas interpusieron un recurso de reposición por considerarla exagerada, dijo el personero.


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