El pasado sábado 29 de noviembre, un líder campesino identificado como David Valencia Rodríguez, de 38 años, falleció en la verdad Guaymaral, municipio de Vista Hermosa, durante un operativo militar realizado por la Fuerza de Despliegue rápido contra la estructura disidente “Marco Aurelio Buendía”, del Bloque Jorge Suárez Briceño.
Según la Fiscalía General de la Nación, que abrió una investigación a través de la Unidad Especial de Investigación y las direcciones especializadas contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se busca determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la muerte de Valencia.
El ente acusador informó que se recopilan videos, testimonios de testigos y otras evidencias, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las garantías del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El Ejército Nacional indicó que durante la operación se sostuvo un enfrentamiento armado con integrantes de la estructura disidente mencionada, con un saldo de un combatiente muerto y dos capturados, uno de ellos herido, quien recibió atención médica inmediata y fue evacuado al municipio de Puerto Rico, Meta.
La institución aseguró que no se realizaron disparos hacia civiles y que las tropas actuaron bajo los protocolos establecidos por el DIH.
En contraste, la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del oriente y Centro Colombiano (DHOC) denunció que Valencia no pertenecía a ningún grupo armado y que su muerte ocurrió mientras ejercía labores de acompañamiento humanitario.
Según la organización, durante el operativo se habrían producido disparos contra civiles, incluidos adultos mayores, lo que constituiría una violación de derechos humanos y el DIH. DHOC solicitó que se investigue la responsabilidad del soldado que disparó y de la cadena de mando involucrada, y pidió protección para la comunidad de Guaymaral.
El comunicado de DHOC también señala que la acción militar desconoció principios fundamentales del DIH, como la distinción, la proporcionalidad y la precaución, y que la muerte de Valencia vulnera garantías para defensores de derechos humanos.
La fundación recordó que su labor en el territorio consiste en proteger la vida y los derechos fundamentales de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en el centro y oriente del país.
Hasta ahora, el Ejército mantiene que las tropas actuaron bajo normal de legalidad y que los hechos son materia de investigación. La Fiscalía continuará analizando todas las pruebas disponibles, incluyendo los testimonios de habitantes de la zona, para establecer de manera objetiva lo ocurrido y determinar si existieron fallas durante el operativo que afectaron a la población civil.