Tras saberse que la Presidencia de la República suscribió un contrato por cerca de $10.000 millones para la contratación de una firma extranjera que prestará servicios de defensa jurídica internacional, luego de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la llamada “Lista Clinton”, la oposición y varios sectores políticos han expresado su rechazo y han exigido explicaciones sobre la naturaleza y la necesidad de ese gasto.
Entre tanto, el abogado David José Valencia Campo interpuso una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en la que solicitó que se investigue al mandatario por los presuntos delitos de peculado y por la celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
#EnDesarrollo El abogado David José Valencia interpuso denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones por usar recursos públicos para pagar abogados personales. Pide que lo investiguen por peculado y contrato sin el cumplimiento de requisitos.… pic.twitter.com/9Wl1uGkfVj
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 20, 2026
En el escrito, radicado el pasado 19 de enero, se señala que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) habría contratado servicios “para la defensa jurídica personal o privada” del presidente y su núcleo familiar, por hechos relacionados con su inclusión en el mencionado régimen de sanciones financieras.
Valencia pidió a la Comisión de Acusaciones que abra una investigación formal para establecer si dichas contrataciones implicaron un uso indebido de recursos públicos y si se configuraron esos delitos.
Entre lo que se sabe, el contrato con la firma ‘Amadeus Consultancy Limited’ fue suscrito a comienzos de enero y tuvo por objeto la “prestación de servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras”.
La ejecución del contrato quedó prevista entre el 9 de enero y el 30 de abril de este año, y la cifra que ha circulado es cercana a los $10.000 millones.
El caso ya generó actuaciones de control. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para verificar la legalidad del proceso de contratación adelantado por el DAPRE y solicitó copias del contrato y de los estudios previos que sustentaron la contratación directa, con el fin de establecer si se cumplieron los principios y requisitos de la contratación estatal.
En paralelo, la contratación ha sido objeto de críticas por parte de sectores de la oposición, que sostienen que se trata de una defensa personal del presidente y no de un gasto de interés institucional.
En su denuncia ante la Comisión de Acusaciones, Valencia pidió que se investigue al presidente Gustavo Petro por los presuntos delitos de peculado y de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, al considerar que se habrían utilizado recursos públicos para la defensa jurídica de asuntos de carácter personal.
En el escrito, el abogado expone la cronología de la inclusión del mandatario en el régimen de sanciones financieras de Estados Unidos y los hechos conocidos públicamente sobre la contratación, como sustento de su solicitud de investigación.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la actuación de la Presidencia. El propio mandatario ha sostenido que la contratación responde a una necesidad institucional para enfrentar sanciones internacionales y ha rechazado que se trate de un gasto con finalidad estrictamente personal.
