El Gobierno nacional avanza en el reemplazo del Sisbén por el Registro Universal de Ingresos (RUI), un sistema que desde este año comenzará a determinar qué hogares acceden a subsidios de salud, vivienda y alimentación en Colombia. El nuevo mecanismo utilizará el cruce de bases de datos para estimar los ingresos potenciales de cada hogar, un cambio que ha generado debate sobre la forma en que se mide la vulnerabilidad social.
Según información del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de los 34 millones de colombianos registrados actualmente en el Sisbén, más de 21 millones pertenecen a hogares clasificados en pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad. Al mismo tiempo, la entidad reconoce que cerca de 3,5 millones de hogares reciben beneficios sin ser pobres ni vulnerables, mientras que al menos 197.000 hogares en condición de pobreza no acceden a estos apoyos debido a su clasificación en estratos que el sistema no asocia con necesidad.
Durante el primer cruce de bases de datos realizado como preparación para la transición al RUI, el DNP reclasificó más de un millón de hogares, lo que impactó la situación de 20,8 millones de personas. En ese proceso se identificó que 732.000 hogares clasificados en pobreza extrema y 446.000 en pobreza moderada deberían salir de esas categorías según los registros administrativos.
Sin embargo, persisten dificultades para identificar a hogares vinculados a la economía informal o ubicados en zonas alejadas de los centros urbanos, que no aparecen en las bases de datos oficiales. Para estos casos, el sistema recurrirá a mecanismos de autodeclaración. Para Lizeth Reina, candidata al Senado de la República por el Centro Democrático en lista cerrada, “la transición cambia la velocidad del error, no su naturaleza”.
Ante este panorama, Reina anunció que una de sus propuestas es la radicación de un proyecto de ley para reformar el sistema de focalización social. La propuesta plantea tres cambios principales: introducir evaluaciones diferenciadas para condiciones de vulnerabilidad como discapacidad, desplazamiento forzado o jefatura femenina en pobreza extrema; articular de manera permanente el Sisbén con el Censo Nacional de Población y Vivienda; y permitir que alcaldes y gobernadores participen en el registro y validación de la información de sus poblaciones bajo un protocolo nacional.
El proyecto también establece medidas durante la transición al RUI, entre ellas la obligación de notificar con 30 días de anticipación la pérdida de un subsidio, la posibilidad de presentar recursos ante las oficinas municipales y un período de gracia de seis meses para hogares que pierdan beneficios durante el primer año del sistema.
Además, el algoritmo que determine el acceso a programas sociales sería sometido a auditoría independiente antes de su implementación plena y se presentaría un informe al Congreso tras su primer año de funcionamiento. Si los errores de exclusión superan el 5%, se abriría una revisión metodológica con participación de la academia y la sociedad civil.
El Gobierno proyecta que el RUI contribuirá a reducir la pobreza extrema del 12,2 % al 9,6 % y la pobreza monetaria del 39,3 % al 35,5 %. No obstante, Reina señaló que el funcionamiento del sistema deberá ser supervisado para evitar errores en la asignación de beneficios.
“Un país que administra los datos fiscales, laborales y de salud de cincuenta millones de personas no puede permitir que un sistema decida quién accede a una vida digna sin que nadie lo vigile ni lo cuestione”, concluyó.