Atención: presidente Gustavo Petro reveló que otros cinco integrantes de la primera línea salieron libres de la cárcel

En medio de la agenda de trabajo que adelantó el presidente Gustavo Petro en Risaralda en una nueva versión de Gobierno Escucha, el mandatario colombiano reveló que otros cinco integrantes de la denominada primera línea salieron libres de la cárcel.

De acuerdo con la información que suministró la Casa de Nariño, se trató de una determinación que adoptó un juez de control de garantías de Popayán, personas que protagonizaron desmanes que ahora se convertirán en gestores de paz.

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“Indemnización, hasta donde es posible, de los familiares o las víctimas sobrevivientes del estallido social. Hoy creo que quedaron libres otros cinco integrantes de lo que en la prensa llaman primera línea, como si fueran terroristas y no son sino líderes que estuvieron en una protesta social”, sostuvo Petro.

De la misma manera, el mandatario colombiano hizo referencia a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el estallido social, en el cual varios jóvenes protagonizaron bloqueos y desmanes en el paro nacional.

“Expidió unas recomendaciones en el momento del estallido social al Gobierno colombiano, que igual es para mí, son recomendaciones a quien esté en el Gobierno, una de ellas en esas recomendaciones, porque hubo una acerca de la reforma de la Policía, hubo otra con el tema de las indemnizaciones y la reparación de los familiares, o de las víctimas sobrevivientes al estallido social”, subrayó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro hace varios días recibió un fuerte llamado de atención por parte de la Corporación Excelencia en la Justicia, una de las más destacadas organizaciones de abogados en el país.

En un comunicado, la Corporación, en cabeza de su director, el abogado Hernando Herrera, explica que, a raíz de los reiterados pronunciamientos del Gobierno central y en particular del jefe del Estado, tendientes a emplear términos inconducentes y acelerados frente al ejercicio de la función judicial y a sus determinaciones, y si bien es cierto que en una democracia es permitido el disenso de los fallos de los jueces, “ello impone, más aún por parte de quienes representan la institucionalidad, abstenerse de emplear expresiones que estigmaticen tal función o que, de manera injustificada, la haga ver como una ramplona organización dedicada a la persecución”.

El llamado de atención pone ejemplos recientes en los que, a juicio de los abogados, se pone en tela de juicio la integridad de la justicia: “Lo anterior tiene cabida teniendo en cuenta las varias declaraciones entregadas en las últimas semanas por el presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, frente a distintas determinaciones judiciales, en particular, criticando: la suspensión del Consejo de Estado del decreto que le otorgaba facultades para asumir el control temporal de regulación de los servicios públicos, la determinación de la Corte Constitucional en torno a que la Procuraduría General de la Nación sí tenía la competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos de elección popular y con relación a la negativa de conceder la libertad a los integrantes de la llamada primera línea previamente judicializados”.

Y algunas de las frases que levantaron la indignación fueron las siguientes: “Como Petro es el presidente, parece que no puede tener sus facultades constitucionales”; o por ejemplo, sobre la de la Corte Constitucional manifestó que el Ministerio Público “por ser autoridad administrativa no puede quitar derechos políticos (…). Lástima que la Corte Constitucional restrinja esa prohibición solo a funcionarios elegidos”, y frente a la tercera decisión, adoptada por varios jueces de la República, insinuó que: “Se impartió la instrucción para que en esas audiencias se les dijera a los jueces que si liberaban a los jóvenes cometían un prevaricato. Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las libertades una tras otra””.

El llamado de atención hace una advertencia contundente para que se respeten los fallos judiciales en todos sus niveles y jurisdicciones, y que si se va a disentir de ellos se haga en términos respetuosos y no dando lugar a suspicacias o presunciones de sesgos, recordando “que el control de legalidad de los actos del Ejecutivo y los del Congreso constituyen garantía máxima a la división de poderes y del sistema de pesos y contrapesos, pilares evidentemente fundamentales de toda democracia en aras de mantener la armonía institucional y la cohesión institucional entre las ramas del Poder Público”, señala otro aparte del comunicado.

La Corporación deja claro, en este pronunciamiento, que se opondrá a cualquier modificación a la organización judicial, como ulteriormente también se pretendía hacer ahora, con lo que califican como disparatada idea, aparentemente abandonada, de la creación de una nueva Sala al interior de la Corte Suprema de Justicia en desmedro, precisamente, de dicha corporación.

Por último, la CEJ ratifica una vez más que, “ante la evidencia de cualquier agresión, hostigamiento o acoso de la Rama Judicial, acudirá a los organismos internacionales, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de que proteja el baluarte democrático que representa la independencia y la autonomía judicial”, concluye el comunicado.

La diligencia de interrogatorio tiene como protagonista a la jueza Lilyan Jhoana Bastidas, coordinadora del centro de servicio judiciales de Paloquemao en Bogotá. Ella tendrá que asistir con su abogado y ante un fiscal de la dirección anticorrupción.

La Fiscalía aseguró que en el marco de una investigación que se adelanta tras una denuncia de la Procuraduría, por presuntos hechos irregulares en la decisión de dejar en libertad a tres integrantes de la llamada primera línea, nombrados voceros de paz por el Gobierno nacional.

El meollo del asunto está en las competencias que tenía la juez para ordenar la libertad de los procesados; ella, como coordinadora del centro de servicios judiciales, debió asignar la competencia de la solicitud que elevó el Gobierno nacional y no tomar la decisión, pues no era ella la encargada del proceso.

“La Fiscalía General de la Nación recibió de la Procuraduría General de la Nación una denuncia sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de la libertad de dos personas judicializadas por el proceso denominado primera línea. Atendiendo lo anterior, se dispuso los actos investigativos para la recolección de material probatorio. Esta labor se adelanta articuladamente por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción”, señaló el ente acusador.

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Con esta diligencia de interrogatorio, la juez quedó formalmente vinculada a la investigación y queda a las puertas de una imputación de cargos por el delito de prevaricato, por tomarse atribuciones que no le correspondían. La investigación generó una respuesta de la judicatura y algunos sindicatos de la rama judicial.