El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le envió una carta a la fiscal Luz Adriana Camargo para que abra una investigación y establezca posibles irregularidades que se pudieron presentar en la manifestación indígena ocurrida este lunes 16 de marzo en las instalaciones del centro administrativo de La Alpujarra.
En un oficio de cuatro páginas, el mandatario distrital expresó su preocupación a Camargo por el alcance de la movilización y solicitó determinar la eventual existencia de conductas punibles “relacionadas con la irregular organización, financiación y ejecución de las movilizaciones registradas públicamente”.
Para él, los hechos son de máxima gravedad: “Un grupo aproximado de 490 manifestantes adelantó vías de hecho consistentes en bloqueos y obstrucciones a los accesos de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, el Concejo Distrital, la Asamblea Departamental y el Palacio de Justicia, afectando de manera directa el funcionamiento institucional y vulnerando los derechos de miles de ciudadanos”.
La interpretación de Federico Gutiérrez es que estas actuaciones, que al parecer desbordarían el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, “generan una afectación grave al orden público, a la convivencia ciudadana y a los derechos de terceros, la cual amerita la intervención de las autoridades competentes”.
No solo eso. El mandatario local le contó a la fiscal que hay una alerta humanitaria por la presencia de 180 menores de edad en el sitio de concentración: “La protección de los niños, niñas y adolescentes es un mandato constitucional ineludible que prima sobre cualquier derecho a la protesta. De allí que también hacemos un llamado urgente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Defensoría del Pueblo para que verifiquen de inmediato las condiciones de esos menores, quienes hoy se encuentran expuestos”. En este aspecto, pidió que se evalúe la eventual vulneración de los derechos de esta población y, de confirmarse, aplicar la ley.
No solo eso. Gutiérrez describió que lo más grave es la llegada de 16 buses con manifestantes de otras regiones del país, quienes, al parecer, estarían “cumpliendo órdenes de terceras personas”. Para el mandatario, estas escenas podrían plantear varios interrogantes sobre la organización y financiación de esta movilización. “Inclusive, se ha sabido de ciertas personas que manifiestan desconocer el motivo de su presencia en Medellín. Esto nos obliga a cuestionarnos públicamente. ¿Órdenes de quién y para qué?”.
No solo pidió investigaciones Federico Gutiérrez, también lo hizo el Ministerio del Interior: “Solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes frente a las actuaciones de discriminación, estigmatización y señalamientos realizados por personas ajenas a la protesta social, con el fin de garantizar la protección de los servidores públicos y contratistas que cumplen funciones institucionales de acompañamiento y mediación en el marco del sistema nacional de convivencia para la vida”.