Denuncian a Colpensiones ante la Fiscalía por archivar irregularmente la queja de una víctima de acoso laboral

Sigue la polémica por maltrato laboral y despidos masivos en Colpensiones, entidad del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Uno de los casos más sonados es el de Iveth del Carmen Aristizábal, jefa de relacionamiento y comunicaciones de la entidad, quien asegura haber sido acosada, despedida y, por orden de un juez, reintegrada a sus funciones.

Aristizábal labora en Colpensiones desde 2021, año en el que ingresó a través de un proceso de selección. En 2022, con la llegada del nuevo presidente, se encontraba en un embarazo de alto riesgo a los 44 años.

La mujer denunció haber sido víctima sistemática de diferentes actuaciones de acoso y persecución laboral, en la modalidad de exclusión y discriminación por su condición de mujer. Luego de dar a luz a su hija y gozar de su licencia de maternidad, el acoso y la persecución se acentuaron, por lo que radicó una denuncia interna.

La despidieron, presentó una acción de tutela por su derecho de permanecer hasta resolver el recurso interno y fue reintegrada por orden de un juez. A pesar de esto, la queja radicada fue archivada, por lo que su defensa decidió denunciar a Colpensiones ante la Fiscalía por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con ella, las personas encargadas de darle trámite a la queja por acoso laboral archivaron el trámite “sin competencia y con fundamento en pruebas que no se practicaron, circunstancia que ratificaron ante un juez de la República en el trámite de una acción de tutela”.

“En la decisión de archivo de la queja por acoso laboral del 21 de diciembre de 2023, que el Juzgado 65 Penal Municipal de Bogotá ya determinó que fue ilegal y se vulneró el derecho al debido proceso en su expedición, se indicó que la decisión de archivo de la queja se tomó porque, de las pruebas practicadas, no se avizoraba ninguna circunstancia de acoso laboral”, explica Aristizábal, a través de un comunicado.

Además, asegura que se pudo determinar que uno de los testimonios aducidos como fundamento probatorio de la decisión “nunca se practicó”.

En respuesta a la tutela, el Comité de Convivencia Laboral “volvió a sustentar el archivo de la queja con base en las pruebas practicadas, entre las cuales se reiteró el mentado testimonio, que nunca se llevó a cabo, pues la persona llamada a testificar y de la cual, supuestamente, existe constancia y grabación de la diligencia (de acuerdo con lo dicho en respuesta a la acción de tutela) se encontraba disfrutando de sus vacaciones para el 23 de noviembre de 2023, fecha en que, según lo afirmado por el Comité, se practicó la diligencia”.

Por esto, Aristizábal denunció ante el ente acusador y espera que se adelanten las investigaciones correspondientes y se verifique la ocurrencia de los hechos. De ser necesario, espera que “se procese a los responsables”.