Este miércoles 5 de agosto se dieron a conocer nuevos hallazgos del proceso de Empalme Anticorrupción que está adelantando el equipo de trabajo del presidente electo, Abelardo De La Espriella.
Los elementos se pusieron en conocimiento vía denuncia a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la República, con el fin de que se inicien las respectivas investigaciones.
Por medio de un comunicado de prensa, se advirtió que se recibió una “nueva batería de denuncias por presuntos hechos de corrupción e irregularidades administrativas relacionadas con recursos superiores a $ 370.000 millones, de acuerdo con el consolidado presentado por el Empalme Anticorrupción”.
Frente a los escandalosos hallazgos aparece un contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones del Ministerio de Defensa y Codaltec.
“El análisis técnico advierte posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a $ 20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional”, indicó el documento.
“También se solicitó investigar una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección por $ 24.800 millones, adjudicada pese a una orden judicial de suspensión del proceso de selección que le dio origen”, expresó uno de los puntos de la comunicación.
Y se expone otro caso, el cual hace referencia al Cenit, filial de Ecopetrol; allí se alerta que “se entregaron nuevos elementos sobre un contrato jurídico cercano a $ 23.000 millones, relacionados con presuntas presiones políticas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento”.
“Las actuaciones fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción. A pocos días de la posesión presidencial, el Gobierno electo reiteró que continuará entregando a los organismos competentes los hallazgos técnicos y jurídicos que surjan de las auditorías, para proteger los recursos públicos y garantizar que ningún posible acto de corrupción quede sin investigación”, concluyó el equipo de trabajo de De La Espriella.