El equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, radicó varias denuncias en la Procuraduría y en la Contraloría con el objetivo de que se investiguen y se frenen contratos y movidas que estaría haciendo el Gobierno nacional antes de dejar el cargo.
Liderados por el abogado Germán Calderón España, presentaron cuatro procesos por presuntas irregularidades en contratos.
El primero tiene que ver con Colombia Compra Eficiente, el cual tiene como objeto la selección de proveedores de ciberseguridad por cerca de 300.000 millones de pesos.
Una de las dudas estaría relacionada con que tiene como fecha de adjudicación el próximo 28 de julio, por lo que advirtieron que podría haber presuntos pliegos direccionados. Asimismo, consideran que eso podría limitar la participación y les genera sospecha la celeridad del programa, por lo que pidieron la suspensión inmediata de ese contrato mientras se verifican estos hechos.
Otros dos contratos tienen relación con el ICBF. Uno tiene que ver con un convenio por más de 6.435 millones de pesos con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender casos de desnutrición en el Chocó. Esa entidad ya se encontraba bajo vigilancia de la Superintendencia de Salud y presentaría antecedentes de baja ejecución, según dijeron desde el equipo de empalme.
“Durante la ejecución del convenio se documentaron la ausencia de personal médico y nutricional, el uso de alimentos no autorizados y fallas en los protocolos de inocuidad, lo que derivó en una reducción del 40 % en la cobertura, dejando por fuera a siete municipios y liberando más de 2.060 millones de pesos en recursos inicialmente comprometidos”, reclamaron desde el equipo de empalme.
Según reclamaron, esto habría llevado a que menores de cinco años y mujeres gestantes en condición de vulnerabilidad hayan sufrido las consecuencias.
Otra movida adicional del Gobierno tiene que ver con Electrohuila. Según dijeron, la Procuraduría ya abrió una investigación por una presunta reforma estatutaria que quisieran implementar, en la que se vería beneficiado el actual gerente de la empresa.
“Desde el Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella reiteramos que el primer empalme anticorrupción de la historia de Colombia no es un ejercicio retórico: es una acción concreta, documentada y con nombres propios. Estas denuncias son la demostración de que el compromiso de defender cada peso de los colombianos comenzó antes del 7 de agosto. Caiga quien caiga”, afirmaron.
El empalme anticorrupción sigue adelantando la tarea de revisar lo que deja el gobierno saliente de Gustavo Petro, luego de que se truncaran los propósitos de hacer una transición entre ambos gobiernos.