Desde la campaña presidencial Abelardo De La Espriella aseguró que sería implacable con los grupos criminales y con el narcotráfico, razón por la cual desde el 7 de agosto, fecha en la que tomó posesión como mandatario de los colombianos, empezó a enfrentar a los delincuentes.
Sin embargo, una serie de decisiones judiciales han frenado los bombardeos en contra de los integrantes de los grupos criminales.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se enfrenta a una guerra jurídica que ha desatado una cascada de decisiones que tratan de impedir algunas acciones militares. Independientemente de las razones que esgrimen los denunciantes, al final los beneficiados son los narcotraficantes, que están felices. Por ejemplo, ya ha habido cuatro fallos que pretenden frenar las operaciones aéreas en las que haya presencia de menores de edad.
Otra decisión de un juez quiere evitar que se muestren los cadáveres embolsados de los criminales cuando se presentan los resultados. En las últimas horas, un juez de Puerto Asís suspendió los efectos de una resolución que fijaba un plan piloto para reiniciar la erradicación de los cultivos de coca con glufosinato de amonio.
El equipo jurídico de la Casa de Nariño examina salidas ante esta arremetida jurídica. En el Gobierno Petro quedó claro qué pasa cuando los narcotraficantes no son perseguidos.
Ahora, SEMANA conoció que hay otra batalla judicial que se avecina por cuenta de la erradicación manual de cultivos de coca, acción que se reactivó con un contrato por 60 mil millones de pesos para desplegar Grupos Móviles de Erradicación en las zonas golpeadas por los cultivos ilícitos.
La decisión de activar esa erradicación manual quedó en firme mediante la Resolución 0828 del 31 de agosto de 2026, expedida por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. El acto administrativo revocó la decisión que había declarado desierto el proceso y adjudicó el contrato a la Unión Temporal UT EMF 2026.
El contrato tiene un valor exacto de 60 mil millones y podrá ejecutarse hasta el 21 de diciembre de 2026. Su objeto incluye la intervención manual directa sobre cultivos ilícitos y el despliegue operativo de los grupos de erradicadores en territorio nacional.
Fuentes aseguran que el objetivo de la nueva estrategia es comenzar a enfrentar un universo que ronda las 300.000 hectáreas de cultivos de coca, cuya permanencia representa una de las principales fuentes de financiación de estructuras dedicadas al narcotráfico.
La adjudicación pone fin a un complejo proceso administrativo. La propia resolución dedica decenas de páginas a reconstruir controversias, evaluaciones, reclamaciones y actuaciones judiciales que rodearon la contratación antes de que Antinarcóticos decidiera finalmente adjudicarla.
Según fuentes conocedoras del proceso, durante más de tres años diferentes intentos para contratar la erradicación terminaron frustrados en medio de controversias jurídicas y contractuales. Las autoridades de seguridad manejan además información según la cual estructuras criminales beneficiadas por la permanencia de los cultivos ilícitos tendrían interés en impedir la entrada de los erradicadores a determinadas regiones del país.
Esta decisión se toma a tan solo un mes del relevo en la Casa de Nariño, lo que demuestra que también era un tema de voluntad política. Sin embargo, fuentes de seguridad anticipan una fuerte ofensiva jurídica contra la adjudicación, con acciones destinadas a suspender o tumbar el contrato.
El escenario coincide con otra controversia alrededor de la política antidrogas: según información conocida por este medio, una decisión judicial busca impedir operaciones de erradicación mediante fumigación, abriendo un nuevo pulso jurídico sobre las herramientas que podrá utilizar el Estado para combatir los cultivos ilícitos.
Por ahora, la orden administrativa está tomada: 60.000 millones de pesos para volver a erradicar coca en Colombia. La pregunta es si esta vez los erradicadores lograrán llegar al territorio o si una nueva batalla judicial volverá a detenerlos.