Una nueva decisión judicial que frena los bombardeos en el departamento del Cauca se conoció este jueves, 10 de septiembre, y se suma a las que ya se han tomado en otras regiones del país.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán, profirió una decisión donde se otorga una medida provisional.
“Ordenar al Ministerio de Defensa y al presidente de la República suspender hasta que se resuelva de fondo la presente acción de tutela las órdenes de bombardeo en el departamento del Cauca y en los lugares en donde se haya advertido la presencia de menores de edad, o población civil no perteneciente a grupos armados al margen de la ley que se puedan ver afectados por las operaciones militares”, dice el tercer punto del resuelve.
Así mismo, se requiere al Ministerio de Defensa para que dentro de dos días entregue información clara sobre los mecanismos y protocolos que se han adoptado para la identificación de la posible presencia de menores de edad en zonas que puedan ser objeto de operaciones militares.
Esta decisión se toma por una tutela que fue presentada por una mujer que considera que puede haber riesgos en las zonas de bombardeos y el juzgado encontró que la misma cumple con los requisitos establecidos.
Aunque se trata de una medida provisional, la realidad es que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella está recibiendo decisiones judiciales que frenan su intención de luchar contra los criminales que usan a menores de edad como escudos humanos, justamente para evitar los bombardeos.
Así mismo este tipo de decisiones podrían generar un aumento del reclutamiento forzado, ya que los criminales saben que el Estado no podría combatirlos si hay presencia de menores de edad.
El pasado 5 de septiembre el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare admitió una acción de tutela con la cual se busca proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado.
La acción fue presentada por el ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez en contra de la Presidencia de la República y otras entidades, entre las que se encuentran las Fuerzas Militares y de Policía, el Ministerio de Defensa, el ICBF, la Gobernación del departamento de Guaviare y varias más.
El juzgado ordenó, como medida provisional, la suspensión temporal de bombardeos contra objetivos militares en el departamento del Guaviare cuando exista información de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita advertir la presencia de menores de edad.
Dos días antes, el 3 de septiembre, el juzgado 34 de familia de Bogotá le ordenó al Gobierno de Abelardo De La Espriella suspender cualquier tipo de bombardeo en lugares donde exista información clara y verificable sobre la presencia de menores de edad.
La medida cautelar se tomó al resolver una acción de tutela en la que se citan los recientes hechos en la región del Catatumbo, Norte de Santander; y en el departamento del Guaviare.
El accionante citó el informe de Medicina Legal que señaló el pasado 30 de agosto que tres menores de edad murieron en los operativos contra las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.
En medio de la controversia jurídica y política que nuevamente rodea los bombardeos contra campamentos de grupos armados,la cúpula de las Fuerzas Militares salió en defensa de esta capacidad operacional y advirtió sobre los efectos que, a su juicio, tendría limitar su utilización.
El general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, fue enfático durante la entrevista con Vicky Dávila: “No podemos renunciar a los bombardeos”, al considerar que hacen parte de las herramientas disponibles para enfrentar a las estructuras criminales que operan en distintas regiones del país.
Rodríguez reconoció que la Fuerza Pública podría continuar la ofensiva sin esta herramienta, pero señaló que hacerlo tendría un costo. Su principal preocupación está relacionada con la manera como los grupos armados estarían utilizando a los menores reclutados dentro de sus estructuras.
Según explicó, la presencia de niños y adolescentes en los campamentos se ha convertido en un elemento que dificulta las operaciones y puede generar un incentivo perverso para las organizaciones criminales.
Aseguró que, mientras antiguamente los cabecillas buscaban tener como escoltas a hombres experimentados,ahora estarían recurriendo a menores de 14 y 15 años para utilizarlos como “escudos humanos”.