El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare admitió en las últimas horas una acción de tutela con la cual se busca proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado.
La acción fue presentada por el ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez, en contra de la Presidencia de la República y otros, entre los que se encuentran las Fuerzas Militares y de Policía, el Ministerio de Defensa, el ICBF, la alcaldía del departamento de Guaviare y varios más.
El juzgado ordena como medida provisional la suspensión temporal de bombardeos contra objetivos militares en el departamento del Guaviare cuando exista información de inteligencia, una alerta preventiva y otro elemento objetivo que permita advertir la presencia de menores de edad.
El fallo en su inciso tercero es claro en ordenar al presidente Abelardo De La Espriella, al comandante de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares la suspensión temporal de los bombardeos.
De acuerdo con la medida cautelar, estos deben ser en contra “de cualquier grupo o estructura armada al margen de la ley, ubicados en el departamento del Guaviare”, teniendo en cuenta la amenaza contra los menores de edad que se puedan ver afectados en su vida o integridad física.
“La medida resulta idónea para prevenir el riesgo hacia los menores reclutados por grupos al margen de la ley, en tanto evita temporalmente la ejecución de operaciones cuya realización, en las circunstancias advertidas, podría generar consecuencias irreversibles antes de que el juez constitucional tenga la posibilidad de determinar si existen mecanismos suficientes de verificación y protección de los menores”, señaló el juzgado.
Sin embargo, aclaro que esta etapa “no supone afirmar que toda operación militar deba suspenderse ni que la presencia eventual de menores haga ilícita, por sí misma, cualquier operación”. Por el contrario, lo que busca la medida es evitar temporalmente la ejecución de las operaciones específicamente comprendidas, mientras se esclarecen las circunstancias del caso y se verifica que las autoridades cuenten con mecanismos adecuados para prevenir afectaciones a la población civil y a los menores de edad.
Tras admitir la acción de tutela, el despacho pidió vincular al proceso al Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Procuraduría General, Defensoría del Pueblo, las personerías municipales de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores; la Organización Nacional Indígena de Colombia, las autoridades tradicionales indígenas del Guaviare y las organizaciones campesinas del Guaviare con el fin de integrar el debido contradictorio.
Así mismo, exhortó a los líderes y comandantes de las estructuras Armadas Ilegales a que respeten la protección reforzada, como sujetos de especial protección constitucional, de los niños y adolescentes, absteniéndose de realizar reclutamientos forzados y reintegrando a sus hogares a los menores de edad que hagan parte de sus organizaciones.