SEMANA: ¿Cuáles son los principales resultados del informe que presentan al país?
JOSÉ LUIS CABALLERO: Hay una evaluación muy amplia del terreno de lo que la Comisión ha advertido en esta fractura de seis décadas en el tema de la inclusión de poblaciones históricamente fuera del margen de la igualdad, excluidas y marginalizadas. La CIDH ha advertido que esta marginalización ha provocado que haya una exclusión fuerte en el tejido social y en el terreno de la conformación societaria de Colombia; esto ha provocado la respuesta a través de las múltiples violencias, no solamente de actores no estatales sino violencias institucionalizadas que han perpetuado la impunidad y la falta de acceso a los servicios propios del Estado.
Eso me parece importante, no solamente como un discurso técnico de la Comisión, sino también que reivindica una mirada de largo plazo, de larga data de la Comisión sobre Colombia. Son siete visitas in loco y creo que hay un conocimiento, no creo exagerar si digo profundo —si se puede usar la expresión— de la Comisión Interamericana hacia Colombia y a sus problemáticas, porque también hemos recibido anuencia de la sociedad colombiana, del Estado, de sus instituciones, de su gente, de sus víctimas, para tener esa comunicación. Es una sociedad muy receptiva del trabajo de los órganos del sistema interamericano y eso permite que en un esfuerzo dialogante haya mucha comunicación y eso está reflejado en el informe.
Está reflejada la realidad de lo que hemos acompañado desde la firma de los acuerdos de paz y el diálogo con las instituciones de la justicia transicional y con el Estado y con todos los actores. Todo eso se va reflejando hasta llegar a todo el marco recomendatorio, 57 recomendaciones que cruzan todos estos colectivos, estas situaciones de enorme violencia que es el leitmotiv del informe en Colombia, que me pareció muy afortunado.
SEMANA: Un tema que usted menciona es la violencia. Se trata de un problema que ha estado presente en Colombia durante varias décadas, ¿ha incrementado la violencia en Colombia en los últimos años?
J.C: El informe lo dice. Hay una reconfiguración —además del gran esfuerzo que se hizo con los Farc y todo el acuerdo de paz— de los grupos y la oportunidad que tiene el Estado para enfrentar las violencias. Es transitar de una respuesta de confrontación armada a atender causas y establecer los márgenes de la inclusión de ciertos sectores de la sociedad que no están incluidos y que también apuestan por un conflicto armado, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, los desplazamientos forzados, es decir, el Estado tiene una apuesta por recuperar grandes segmentos de la población para la construcción de la sociedad.
Pienso que estamos en un momento coyuntural complejo porque, efectivamente, a nivel regional y a nivel mundial se está mandando un mensaje que el combate a la violencia es con más violencia y las respuestas estatales a la violencia deben ser mayor criminalización sin distinguir perfiles, orígenes, pobreza, etcétera. Creo que Colombia tiene una oportunidad de poner un alto a eso y tener una perspectiva más holística, que eso lo puede hacer en atención a su historia, a su compromiso con los derechos humanos, al pacto constitucional de 1991, en atención a sus compromisos internacionales, pero Colombia se ha dado un pacto constitucional de altísimo nivel hace más de 35 años.
SEMANA: Pero, ¿cuál podría ser la alternativa a la lucha armada? El actual Gobierno le apostó a la paz total pero algunos sectores critican que esa estrategia tampoco ha funcionado y que, incluso, los grupos armados se han fortalecido.
J.C.: Al saludar en el informe esas iniciativas pensamos que todos los caminos que son iniciativas para conducir a la paz son buenas ideas, ya la implementación tiene aciertos y errores, pero la Comisión Interamericana no está para evaluar y calificar cada uno de los pasos que a nivel interno se sigan, está para evaluar las actuaciones del Estado en relación con los compromisos de los derechos humanos y eso nos lleva a una perspectiva más amplia que política pública detallada. Nos lleva a todo el global del comportamiento del Estado y la respuesta del Estado la estamos viendo en las observaciones que nos han hecho llegar y las recomendaciones que se han hecho, que están en diálogo con el Estado y en una perspectiva evaluativa de monitoreo de lo que ha hecho el Estado en relación con los procesos de paz.
SEMANA: El narcotráfico ha estado ligado a la violencia que se ha vivido en el país, ¿Cómo combatir ese flagelo?
J.C.: En la visita vimos que hay una presencia muy fuerte de criminalidad organizada. Creemos que la respuesta del Estado es atender con eficacia esa falta de seguridad, hay que atender con eficacia y usar los instrumentos del Estado que están medidos por derechos humanos, esa es una cuestión que entendemos, debe ser el Estado eficaz, garantizar la seguridad, atender la criminalidad, entenderla como no permitir la violencia producto de la criminalidad con perspectiva de derechos y tener una perspectiva también de política de drogas que, sobre eso, la Comisión no se pronuncia sobre qué hay que hacer con la legalización o no, es una cuestión que está en el terreno de los estados. Pero creo que tenemos que tener pistas mucho más claras de eso. Vamos a sacar una resolución sobre crimen organizado y derechos humanos que nos va a permitir a la Comisión incidir en un terreno complejo, pero que no debemos evadir, que hay que entrarle porque es un gran problema ahora en la región.
SEMANA: En 2021 ustedes presentaron un informe tras las fuertes protestas que se presentaron e hicieron varias recomendaciones. ¿Se han cumplido?
J.C.: Han tenido diferenciaciones. Son 41 recomendaciones y a partir del informe se generó un mecanismo de seguimiento, pero si mal no recuerdo hay dos informes de seguimiento a ese mecanismo y hay unas recomendaciones que están ahí, unas parcialmente cumplidas y unas pendientes de cumplimiento. Creo que más allá del mecanismo tiene que ser el diálogo con lo que estamos presentando ahora. Creo que el Estado ha hecho un esfuerzo por atender el tema de la protesta social, me parece que se ha hecho un esfuerzo y se ha trabajado mucho en eso, y estamos en este diálogo; siempre hay tensiones, hay regresiones, hay progresividad pero creo que la dialéctica nos va conduciendo al avance y esperamos que así siga siendo con Colombia.
SEMANA: Usted también mencionaba el tema de la polarización y estamos en una jornada electoral ¿Cómo se podría contrarrestar?
J.C.: Tiene que haber mucha responsabilidad de quien tiene la conducción del Estado y responsabilidad de los actores políticos para poner la atención en la construcción de acuerdos que permitan el avance de la sociedad democrática y el avance de los derechos. No son acuerdos que en el terreno del sí y el no con respecto al bienestar de la sociedad colombiana, es en función del bienestar de la sociedad y trascender las diferencias políticas a partir del diálogo, que es lo opuesto a la polarización, a la capitalización fácil de los beneficios políticos, a la popularidad de las redes, lo estamos viendo en la región, el diálogo es lo que permite hacer construcciones duraderas, es la historia de la civilización humana y en los últimos 75 años los mejores avances se han producido en el terreno del diálogo.
Lo que puede hacer una sociedad que quiera dar ejemplo de elecciones pacíficas, confiables, creíbles, es atender los márgenes de lo que han dicho los organismos del sistema, la Corte Interamericana ha hecho mediciones de integridad electoral, pero también se juega el terreno del diálogo y no de la polarización y la descalificación pasa del adversario, se contrastan posturas políticas, diferenciadas desde luego, porque es la oferta frente al electorado, pero tiene que llegar a haber un clima de estabilidad también.