El nombre de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, reposa en las investigaciones que adelanta la Fiscalía para esclarecer el supuesto clan de corrupción que se tomó a Medellín entre 2020 y 2023. SEMANA revela el contenido de un centenar de archivos judiciales que destapan las presuntas irregularidades: aparentes sobrecostos y contratos ilegales que pretendían beneficiar a empresarios cercanos a la familia, según testimonios y documentos verificados por peritos del ente de acusación.
La versión que recogió la Fiscalía es que, posiblemente, el exmandatario le habría entregado el control del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) a su pariente, y él la habría convertido en una maquinaria de contratos.
Seis proyectos, cuantificados en 18.656 millones de pesos, están en la mira de los investigadores por los posibles delitos de peculado e interés indebido en celebración de contratos. Aunque siete personas fueron acusadas, Miguel Quintero se mantiene a la sombra del expediente, pese al llamado de varios abogados para que sea vinculado formalmente al caso por la carga procesal que lo involucraría.
Los seis contratos fueron ejecutados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuya representación legal estaba en manos de Misael Alberto Cadavid, hoy privado de la libertad. Este hombre es cercano a Miguel Quintero y habría entregado un vehículo BMW al clan de corrupción como compensación por las iniciativas que le habrían asignado a dedo, con base en los testimonios de varios testigos.
Bomberos y Covid 19
El primer proyecto entre el Amva y los Bomberos de Itagüí fue ejecutado en 2020 con la misión de apoyar a los bomberos de la subregión en la emergencia por coronavirus. Inicialmente, se destinaron 1.898 millones de pesos y se le adicionaron 400 millones.
El hallazgo de la Fiscalía es que la entidad no hizo un estudio de mercado en la etapa de planeación contractual y tomó la decisión exclusivamente con la propuesta de los Bomberos.
Se detectaron presuntos sobrecostos en la entrega de unos kits para prevenir el contagio del virus en los diez cuerpos de bomberos de la subregión. La Fiscalía puso la lupa sobre el alcohol. En la primera parte del contrato, Bomberos de Itagüí compró 50 unidades por 190.000 pesos, pero facturó cada una a 230.000. En la segunda, adquirió 45 por 144.500 pesos, pero las presentó con un costo de 230.000.
Gestión del riesgo
Un segundo contrato por 1.256 millones de pesos entre Bomberos de Itagüí y el Amva pretendió la “prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento y acompañamiento al componente comunitario de gestión del riesgo de desastre” en la subregión. La entidad escogió a esta organización por su experiencia en el objeto del contrato, pero se probó que el proyecto contempló actividades sobre las que no tenía conocimiento.
Por ejemplo, el componente tres de este proyecto, denominado “acciones transversales de gestión de riesgo para la red comunitaria”, con un valor de 498 millones de pesos, estipuló la contratación de servicios de transporte (150 millones), la compra de dotación institucional (150 millones) y la adquisición de elementos de bioseguridad (45 millones).
La Fiscalía hizo varias observaciones: “El Cuerpo de Bomberos no posee experiencia ni habilitación por parte del Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de transporte especial, y la compra de dotación debió sustentarse en un estudio de mercado que garantizara la adquisición de los bienes a precios competitivos y acordes con la oferta del sector”.
Este contrato incluyó recargas a celulares. Se destinaron 15.300.000 pesos para esa tarea, y no se cumplió, de acuerdo con la Fiscalía.
Atención de emergencias
El tercer contrato llegó para apoyar “la atención de emergencias de los cuerpos de bomberos del Área Metropolitana para el conocimiento y manejo del riesgo de desastres” por 1.299 millones de pesos, y luego se adicionaron 600 millones.
Se justificó que ese Cuerpo de Bomberos era el único en Antioquia que contaba con un centro de entrenamiento para trabajo seguro en alturas, cuando no es así, y ese aspecto solo representaba el 25 por ciento del contrato.
Los investigadores también identificaron presuntos sobrecostos del 16 por ciento en el suministro de kits, y bienes no entregados por 268 millones de pesos.
Por ejemplo, se compraron 30 unidades de alcohol por 175.000 pesos, pero se facturaron por 230.000; se facturaron otras 30 por 240.000 pesos, pero no hay soportes de la compra.
Entonces, la Fiscalía interpretó que no se entregaron. La lista de elementos que no se entregaron es extensa: 27.000 tapabocas, 215 guantes de nitrilo, 150 visores faciales, 900 trajes antifluido, 100 monogafas, 31.500 tapabocas N95, 1.000 batas antifluido, 1.000 polainas desechables y 50 pulsioxímetros. Todo esto, valorado en más de 668 millones de pesos.
Cambio climático
El cuarto contrato, por 2.635 millones de pesos, tuvo el objetivo de “prestar servicios para la apropiación social de la gestión del riesgo de desastres promoviendo la resiliencia al cambio y la variabilidad climática ante la ocurrencia de eventos multiescenarios”.
El contrato se lo ganó el Cuerpo de Bomberos con el argumento de que era la única entidad bomberil en Antioquia que contaba con un centro de entrenamiento especializado en trabajo seguro en alturas y espacios confinados, además de experiencia en procesos de formación y capacitación. Ninguna actividad del contrato se relacionaba con ese aspecto, de acuerdo con la investigación.
En este punto también se contrataron recargas telefónicas por 41 millones de pesos, pero solo se comprobó el gasto en ese objetivo de 1.080.000; de igual manera, servicios no prestados en materia de transporte por 39 millones.
Reducción del riesgo
El quinto buscó la “reducción de la exposición del riesgo en las comunidades afectadas del Área Metropolitana” por 5.969 millones de pesos. No hubo estudio de mercado y se adoptaron las cifras que presentó el oferente.
La Fiscalía encontró que los Bomberos de Itagüí subcontrataron algunas actividades del proyecto y facturaron un cobro mayor ante el Amva, sacando provecho de las finanzas públicas.
Los talleres pedagógicos fueron cobrados al Amva por 1.500.000 pesos, mientras que el subcontratista les cobró 749.667; hubo 180 talleres y el sobrecosto se configuraría en 135 millones.
El contrato consideró salidas pedagógicas por 30 millones de pesos cada una, y el subcontratista cobró 15 millones por ellas; hubo cuatro salidas, por lo que el sobrecosto sería de 60 millones.
Las actividades de reducción del riesgo fueron contratadas por 10 millones de pesos, pero el subcontratista cobró 4 millones.
La sensibilización, puerta a puerta, sobre el sistema de alerta temprana comunitaria fue contratada por el Amva a los Bomberos por 300.000 pesos por actividad, pero el subcontratista cobró 150.000.
En materia de papelería, el Amva entregó 10 millones de pesos a los Bomberos de Itagüí, pero el subcontratista cobró 2 millones.
Asistencia técnica
El último contrato, por 4.597 millones de pesos, tuvo como objetivo la “prestación de servicios para la asistencia técnica a los cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá para la implementación de los instrumentos de gestión metropolitana”.
La Fiscalía halló que no se realizó un estudio de mercado ni un análisis comparativo de precios que permitiera contrastar la propuesta con la oferta existente en el sector.
También hubo sobrecostos: 10 kits de comando (costó cada uno 1.500.000 pesos y fue facturado a 4 millones); 10 kits de brigada forestal (costó cada uno 12.000.000 de pesos y fue facturado a 20.000.000); 10 kits de manejo de abejas (costó cada uno 1.025.000 pesos y fue facturado a 6.800.000); 10 kits de manejo de especies pequeñas (costó cada uno 1.175.000 pesos y fue facturado a 4.000.000); y 10 kits de la brigada metropolitana de incendios forestales (costó cada uno 8.610.000 pesos y fue facturado a 15.000.000).
Hasta ahora, hay siete personas bajo la lupa de la Fiscalía por estos contratos y ya les atribuye responsabilidades que superan los 1.200 millones de pesos. Miguel Quintero, el hermano de Daniel Quintero, no está vinculado, aunque algunas partes del proceso han llamado la atención para que sea acusado.
Él se ha defendido públicamente de los señalamientos y ha descartado su interferencia en las decisiones y contrataciones del Área Metropolitana. Se están preparando dos principios de oportunidad que complicarían su situación judicial.