En el último año del gobierno del presidente Gustavo Petro, Juliana Guerrero Jiménez y su hermana Verónica se han convertido en protagonistas de la puja por el poder en la Casa de Nariño. Juliana, con tan solo 22 años, quien fue una emergente líder universitaria en su natal Agustín Codazzi, Cesar, se convirtió en una de las figuras más influyentes y polémicas del círculo más cercano del mandatario.
Uno de los más grandes escándalos en torno a ella se desató a partir de su cuestionado título de Contaduría, otorgado por la Universidad San José, presentado para cumplir los requisitos y ser nombrada viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. El título resultó ser falso.
Sin embargo, lo que no se tuvo en cuenta fue la experiencia laboral que reportó. Según la hoja de vida, Guerrero comenzó a trabajar en 2019, con apenas 16 años, en una asociación afro en su municipio de origen que SEMANA investigó.
Se trata de la Asociación para la Gestión de Asuntos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras Raíces Afro. SEMANA conoció que nació en 2018 como una pequeña unión de líderes. No obstante, durante el Gobierno de Gustavo Petro se convirtió en una poderosa ejecutora de recursos públicos que ha manejado cerca de 40.000 millones de pesos en convenios.
Según ha dicho Guerrero, ella laboró con esa asociación entre el primero de enero de 2019 y el 31 de julio de 2024 como coordinadora pedagógica. Esta experiencia le permitió soportar cinco años y siete meses de los casi siete años de experiencia que ella reporta entre los sectores público y privado.
Verónica, su hermana, de 26 años, también echó mano de la misma asociación para tener algo que mostrar en experiencia laboral. Según la hoja de vida presentada para trabajar en el Gobierno, en Colombia Compra Eficiente, su única experiencia también fue con Raíces Afro, donde laboró como asistente administrativa y logística entre el primero de enero de 2018, con 18 años de edad, hasta el 31 de marzo de 2022. En total, son cuatro años y tres meses de experiencia laboral, la única que había tenido por fuera del Estado.
Pero Verónica, en la primera declaración de conflicto de interés, antes de entrar a trabajar en Colombia Compra Eficiente, hizo público que era colaboradora de Raíces Afro y, además, directiva de la asociación.
Según el documento de constitución de Raíces Afro, al que SEMANA tuvo acceso, la asociación nació formalmente el 11 de mayo de 2018, cuatro meses y diez días antes de la fecha que Verónica reportó como el inicio de sus labores allí. Pero no solo eso. También hay otra incongruencia: en un certificado laboral, que conoció este medio, la asociación manifestó que las labores de Verónica comenzaron el primero de enero de 2019.
Las pistas de Raíces Afro
La asociación fue fundada por Indra María Núñez Anaya, líder afro del municipio de Agustín Codazzi, en una modesta casa en el barrio El Carmen. El patrimonio de la fundación se inició en 5 millones de pesos, con aportes de los integrantes de 15.000 pesos y una cuota de afiliación de 10.000 pesos.
En 2019, la asociación reportó un patrimonio neto de 6.510.000 pesos, y en 2020 solo lograron amasar un poco más de 7 millones de pesos. En 2021, el panorama cambió un poco, con un patrimonio de 42.600.000, y en 2022 reportaron el mismo monto ante la Cámara de Comercio de Valledupar, con ingresos de solo 13 millones de pesos.
La bonanza de Raíces Afro comenzó justo cuando las hermanas Guerrero ganaron poder en el Gobierno Petro. En 2023 reportaron 100 millones de pesos de patrimonio y varios cambios en los estatutos que dejaron a la asociación preparada no solo para dedicarse a reivindicar y promover derechos y proyectos comunitarios, sino que ampliaron su rango de acción: “Podrá formular, presentar, gestionar, dirigir, ejecutar y direccionar planes, programas, proyectos y actividades en el sector social, educación, salud, cultura, medioambiente y economía solidaria, de interés público previstos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de la ONU, en el Plan Nacional de Desarrollo y seccionales”.
Luego, en el reporte siguiente, en 2024, la asociación registró un balance de pasivo y patrimonio de 3.898.298.475 pesos, con ingresos de 1.805.644.187 pesos y un costo de operación por más de 126 millones de pesos. En el último reporte, del año 2025, la asociación alcanzó un balance por más de 4.000 millones de pesos.
La razón detrás del crecimiento económico de la asociación de Indra Núñez es que se convirtió en receptora de recursos del Sistema General de Regalías (SGR), tras haber sido avalada por el Ministerio del Interior como organización de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Narp).
“De acuerdo con la Ley 2056 de 2020, un porcentaje de los recursos debe ser dirigido directamente a las comunidades étnicas, entre ellas las Narp, a las que les corresponde un 1,1 por ciento de los recursos del Sistema General de Regalías de manera directa. Estos recursos se envían directamente desde la nación y cada proyecto debe regirse por el Plan Nacional de Desarrollo, los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación y debe ir destinado a las comunidades que reconozca el Ministerio del Interior”, explicó David Gregorio Rodríguez, abogado experto en contratación pública consultado por SEMANA.
Dudas frente a los contratos
Por ser Agustín Codazzi un municipio de sexta categoría, los convenios hechos por Raíces Afro fueron publicados en el sistema de Secop I, que cuenta con menos veeduría y requisitos contractuales que la plataforma actualizada.
Raíces Afro, con los recursos que ha recibido, y desde 2023, ha suscrito un total de 26 contratos con personas jurídicas y naturales para todo tipo de fines, sin ningún proceso de por medio y justificando la necesidad de contratar directamente. Incluso, algunos de ellos fuera del departamento del Cesar, pese a la reducida capacidad operativa para atender obligaciones lejos de esa región.
Uno de los primeros en suscribirse fue en abril de 2024 en Acacías, Meta, en el que contrataron un proyecto de más de 2.500 millones de pesos para fortalecer capacidades a fin de producir alternativas económicas y de soberanía alimentaria para las Narp. Para ese proceso contrataron a una empresa de café de Ciudad Bolívar, Antioquia, para supervisar, por 133 millones de pesos.
En total son ocho de 26 procesos en el departamento del Meta, que suman más de 13.500 millones de pesos. Todos dirigidos para proyectos enfocados en población afro y mujeres, con fines de generación de ingresos y estructuración organizativa.
También contrataron la adecuación de un centro para población afro en su municipio, entregando a otra fundación pequeña una obra de 817 millones de pesos, y un proyecto de fortalecimiento empresarial en La Jagua de Ibirico, por más de 3.400 millones de pesos, para que lo ejecute un consejo comunitario llamado Los Cardonales, al que, además, le dirigieron otros dos contratos en Valledupar por un total de 6.600 millones de pesos.
Pero una de las asociaciones más beneficiadas por Raíces Afro se llama Fundación Social Avivar Afro, de Ciénega, Magdalena, cuyo representante legal es Rogers Paul Álvarez. En total le entregaron casi 12.500 millones de pesos para ejecutar proyectos en Meta, Cesar y Antioquia.
Adicionalmente, SEMANA conoció que Raíces Afro se encuentra incluida en la formulación y ejecución de dos proyectos aprobados en el SGR para ser ejecutados con regalías entre 2025 y 2026: uno que aparece en el sistema contratado por 2.374 millones de pesos con la asociación como ejecutora y otro en el que formuló un proyecto por 3.458 millones de pesos.
El primero busca fortalecer micro y pequeñas empresas de mujeres en seis municipios del Cesar, y el otro busca fortalecer “la producción de cítricos mediante el establecimiento del cultivo de limón tahití”.
Igualmente, Raíces Afro fue escogida como contratista para formar en “autonomía propia, gobernabilidad y organización” a las comunidades del resguardo indígena Iroka, en la serranía del Perijá, por cerca de 3.200 millones de pesos.
En total, entre contratos entregados, proyectos aprobados para ser financiados por el SGR y el contrato que ejecutarán ellos mismos, la fundación ligada a las hermanas Guerrero ha manejado cerca de 45.652 millones de pesos, luego de haber comenzado en 2018 reportada dentro de los registros como si fuera una microempresa.
El salto meteórico de Raíces Afro, su cercanía con las hermanas Guerrero, la dispersión de sus contratos por varios departamentos y el uso recurrente de la contratación directa abren interrogantes que ameritan la intervención de los organismos de control.
Hoy surgen dudas frente a qué tan transparentes y verificables han sido las decisiones que llevaron a entregarle el manejo de recursos de regalías y, sobre todo, si en cada proyecto existen soportes claros de formulación, selección de ejecutores, supervisión y resultados en terreno que justifiquen el volumen de recursos públicos comprometidos. Los escasos documentos que son públicos hacen compleja una verificación a través de las plataformas de contratación pública.
SEMANA se comunicó con Juliana Guerrero, quien aseguró que ni ella ni su hermana Verónica tienen vínculos actuales con la asociación Raíces Afro y que tampoco influyeron en la entrega de recursos del SGR a esta.
“Me retiré hace un tiempo de esa asociación cuando mi tiempo de trabajo finalizó”, dijo Guerrero. Agregó que, en el caso de su hermana, “su paso y vinculación con la asociación finalizó cuando cumplió con su trabajo dentro de esta”. Frente a la posibilidad de que su hermana haya sido directiva de la asociación, aseguró que no tiene esa “información clara”.
SEMANA buscó una explicación del Sistema General de Regalías y el Departamento Nacional de Planeación, así como una respuesta de Indra Núñez, representante legal de Raíces Afro, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.