Como coadyuvante de la acción popular presentada contra el convenio de pasaportes suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia, la Procuraduría General de la Nación solicitó suspender de forma urgente los efectos del contrato, cuyo modelo entró en vigencia el pasado 1.º de abril.
En el documento, Marcio Melgosa, procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, respalda “íntegramente” los argumentos presentados en la acción, que busca proteger los derechos colectivos y pide que se vuelva a llevar a cabo el proceso de contratación de forma transparente.
“Respalda integralmente las pretensiones formuladas por el accionante Nicolás Dupont Bernal en su reforma de demanda, y aporta elementos adicionales derivados de la investigación preventiva adelantada, que refuerzan la acreditación de los tres requisitos jurisprudenciales de procedencia de la acción popular: la existencia de conductas que vulneran o amenazan derechos colectivos, la identificación de los responsables y el vínculo jurídico de responsabilidad”, se lee en el documento del Ministerio Público.
De ahí que, reforzando los argumentos de la acción popular —que señalan ausencia de planeación precontractual, vacíos en el documento de justificación y subcontratación intermediada por una entidad sin capacidad técnica, entre otros—, Melgosa pide la suspensión urgente del convenio.
“Toda vez que el periculum in mora es evidente: los envíos de maquinaria están en curso, la ejecución avanza en tiempo real y cada día que transcurre consolida hechos que reducen el margen de maniobra del juez popular para restaurar el orden jurídico”, indicó.
Asimismo, solicitó la acumulación o la coordinación procesal con otras acciones contra el convenio y la implementación de un esquema contractual nuevo por parte de las demandadas.
“Estructuren e implementen un esquema contractual ajustado a los principios de planeación, transparencia y selección objetiva, que garantice la participación efectiva de los operadores del mercado en condiciones de igualdad, evitando cualquier forma de restricción o elusión de los mecanismos de competencia, y asegurando simultáneamente la continuidad en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes”, concluyó el documento, firmado por el procurador delegado.
Se trata de un nuevo revés al convenio, que comenzó a regir desde el 1.º de abril de este año, en colaboración con la Casa de la Moneda de Portugal.