Las elecciones presidenciales se harán el 31 de mayo y la contienda entró en su recta final. Ese domingo se sabrá si hay un ganador, algo poco cobrable según las encuestas, o sí habrá una nueva cita a las urnas el 21 de junio, donde serán protagonistas los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos.
Y mientras las campañas están haciendo sus cierres por todo el país, SEMANA conoció una denuncia que llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra del general (r) Gustavo Matamoros, quien es uno de los candidatos presidenciales en contienda.
El oficio se radicó ante el CNE el pasado 11 de mayo y este medio de comunicación conoció en su totalidad el escrito que pone en una complicadla situación al aspirante presidencial.
Se trata de una denuncia administrativa electoral que va acompañada con una solicitud de verificación preliminar sobre financiación, estructura contractual y manejo administrativo de campaña presidencial.
En el documento se hace todo el relato del por qué se deberían adelantar las actuaciones necesarias para determinar si hay presuntas irregularidades en la financiación y en el mano de la campaña presidencial.
Por ejemplo, uno de los argumentos indica que “inicialmente, la gerencia de campaña habría sido ejercida por el ciudadano Óscar Alonso Vélez Rojas y posteriormente dicha función habría sido asumida por el ciudadano Gustavo Matamoros Galvis, hijo del candidato presidencial”.
Además, “se tiene conocimiento de que diversos servicios profesionales y de asesoría relacionados con actividades de precampaña y campaña presidencial habrían sido tercerizados a través de una empresa o consultora presuntamente vinculada o representada legalmente por el ciudadano Gustavo Matamoros Galvis”.
A juicio del denunciante, esa situación descrita podría configurar la adecuada separación entre la dirección de la campaña, la administración de recursos y la contratación de servicios “particularmente por la eventual coincidencia entre las funciones de dirección o gerencia de campaña; y el control o representación de terceros contratistas utilizados para la canalización de servicios profesionales y asesorías”.
Los hechos descritos aseguran que esas inquietudes formuladas podrían generar dudas sobre la trazabilidad contractual y financiera de los servicios prestados a la campaña, el reporte de ingresos y gastos electorales, la publicidad y disponibilidad de la información reportada en Cuentas Claras y la identificación de la sede y estructura administrativa de la campaña.
“Los hechos anteriormente descritos ameritan verificación institucional por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), particularmente respecto del adecuado cumplimiento de las normas sobre financiación, reporte, administración y control de campañas electorales”, dice la denuncia radicada en contra del candidato.
Por esta razón, se pide que se verifique quién es el gerente de la campaña, quién es el responsable financiero, qué información se ha reportado y qué contratistas han sido seleccionados.
Así mismo que se investiguen los pagos que se han hecho y que se determine si es necesaria una auditoría e investigaciones electorales para que se determinen presuntas irregularidades.
La Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral del Consejo Nacional Electoral deberá analizar esta denuncia y determinar el paso a seguir en los próximos días.