En medio de una sangrienta ola de violencia en la región del Catatumbo, el presidente Gustavo Petro decreta estado de conmoción interior y emergencia económica, con el fin de facilitar el manejo de la situación provocada por la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc.
En medio de un debate en torno a la pertinencia de la medida, así como los efectos reales que podría tener sobre el conflicto, llama la atención que solo en contadas ocasiones se ha utilizado la figura.
La conmoción interior, tal como la conocemos, parte desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991. Desde ese momento, los presidentes la han decretado en ocho ocasiones, contando a Gustavo Petro.
La historia comienza en 1992 con la primera declaratoria, por parte del expresidente César Gaviria, motivada por la posible excarcelación de detenidos por la justicia regional. Esta solo tuvo una duración de 7 de los 90 días posibles, y fue avalada por la Corte Constitucional.
Luego, por incremento de la violencia de guerrilla y bandas criminales, volvió a declarar conmoción interior en el mismo año, que fue prorrogada tres veces.
La tercera declaratoria, también por amenazas de grupos guerrilleros, fue declarada inconstitucional por la Corte.
En el gobierno del expresidente Ernesto Samper hubo dos declaratorias. Una de ellas, argumentando violencia, fue declarada inconstitucional. La segunda, a raíz del asesinato de Álvaro Gómez, fue avalada y prorrogada en dos ocasiones.
Luego, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, hubo una primera declaratoria, por incremento de violencia, que en principio fue declarada constitucional. La segunda prórroga, por otro lado, fue declarada inconstitucional.
La séptima declaratoria también ocurrió en el Gobierno Uribe por un paro en la rama judicial, que fue descartada por la Corte Constitucional.
Los gobiernos de Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos e Iván Duque no hicieron uso de la declaratoria de conmoción interior, pese a que ambos enfrentaron alteraciones del orden público importantes. Especialmente el Gobierno Duque, que contempló la medida en medio del estallido social, que tuvo lugar en tiempos de la pandemia del covid-19.
La última vez en la que se declaró conmoción interior por problemas de orden público fue en 2002, hace 22 años. Frente a una situación dramática, el presidente Gustavo Petro debe echar mano de la misma herramienta que fue utilizada por Álvaro Uribe, su contradictor político.
La Corte Constitucional, como en el pasado, deberá revisar la decisión del presidente, quien por parte de la Defensoría del Pueblo tenía aviso de la situación. De esa forma, podría no cumplir con el requisito de que se trate de hechos imprevisibles.