Durante 2025, los grupos armados ilegales no solo mantuvieron su capacidad de acción, sino que han ampliado de manera significativa la base humana de sus filas.
El informe más reciente de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) revela que estas estructuras suman más de 27.000 integrantes, entre combatientes y redes de apoyo, lo que representa un aumento del 23,5 por ciento en apenas un año. En términos prácticos, más de 5.000 personas se incorporaron a estas organizaciones durante 2025.
#Coyuntura| En la recta final del Gobierno Petro, Colombia sigue viendo imágenes de combates, desplazamientos y control armado. ¿Qué está pasando en el mapa del conflicto en 2026? 🧵👇 pic.twitter.com/kPYvJElYX6
— Fundación Ideas para la Paz (@ideaspaz) January 24, 2026
De acuerdo con el documento, el dato no es menor. El crecimiento del pie de fuerza ilegal refleja una dinámica que va más allá de la confrontación armada. Evidencia la persistencia de condiciones sociales, económicas y territoriales que facilitan el reclutamiento y fortalecen la influencia de estos actores en regiones donde el Estado tiene una presencia limitada.
Según el informe, ni las operaciones militares, ni los procesos de negociación, ni las estrategias de sometimiento han logrado frenar la capacidad de expansión de los grupos, que continúan ofreciendo incentivos económicos y protección en contextos de alta vulnerabilidad.
Entre las organizaciones que más han incrementado sus filas se destacan el Clan del Golfo, con cerca de 2.300 nuevos integrantes, seguido por el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central.
Este crecimiento se produce en paralelo a una intensificación de las disputas territoriales y a una competencia cada vez más abierta por el control de economías ilegales y corredores estratégicos.
El fortalecimiento humano de los grupos armados también ha tenido efectos directos sobre la seguridad y la población civil. La FIP señala que 2025 fue el año con mayor número de confrontaciones entre actores armados en la última década, con un aumento del 34 % en las disputas.
A ello se suman incrementos en ataques contra la Fuerza Pública y la infraestructura, así como un fuerte impacto humanitario, reflejado en el aumento del desplazamiento forzado y otras formas de violencia.
Para los investigadores del informe, el crecimiento del número de combatientes es uno de los indicadores más preocupantes del deterioro de la seguridad.
Más allá de las cifras, el documento revela la capacidad de adaptación de los grupos ilegales y las limitaciones de la respuesta estatal. En un año electoral, el fenómeno plantea un reto estructural que sugiere que, sin una estrategia integral que combine seguridad, justicia y presencia institucional en los territorios, el conflicto seguirá alimentándose de nuevos integrantes y consolidando su influencia sobre amplias zonas del país.