La campaña de Petro violó los topes electorales por más de 3.500 millones de pesos, según la ponencia del CNE. Se compulsan copias a la Fiscalía contra Ricardo Roa

Tal como lo anticipó SEMANA, este martes 26 de agosto los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaron ante la sala plena la ponencia definitiva con la que, según ellos, establecen que la campaña presidencial de Gustavo Petro, al parecer, violó los topes electorales en el 2022 por 3.500 millones de pesos. La decisión será votada por el total de los magistrados del tribunal administrativo en las próximas semanas.

En la resolución, en el Artículo Primero, piden sancionar a Ricardo Roa Barragán, hoy presidente de Ecopetrol, quien fue gerente de la campaña. También Lucy Aydee Mogollón, en calidad de tesorera; y María Lucy Soyo Caro, como auditora interna de la campaña en primera vuelta presidencial por 2.252 millones de pesos. La razón: financiación prohibida de la contienda que llevó al poder al hoy presidente.

En el Artículo Segundo piden sancionar de manera solidaria a Ricardo Roa Barragán, Lucy Aydee Mogollón y María Lucy Soto Caro por otros 2.447 millones de pesos por violación de topes electorales en la primera vuelta presidencial.

Solicitan la sanción a los mismos directivos de la campaña por otros 627 millones de pesos para la segunda vuelta presidencial por financiación prohibida. Y otros 596 millones por violación de topes electorales.

También piden sanción contra el Movimiento Colombia Humana y la Unión Patriótica “de manera individual y con multa equivalente a 583 millones de pesos”.

En el caso de la UP, “porque no auditó adecuadamente el cumplimiento del proceso de rendición de cuentas, al no haber verificado de manera diligente y cuidadosa el volumen, origen y destino de los recursos administrados en las campañas presidenciales sub examine, ni la veracidad de los hechos económicos acaecidos”.

Y la Colombia Humana, la colectividad que Petro convirtió en partido cuando ganó la presidencia, “porque permitió el ingreso de aportes económicos con destino a la campaña presidencial de fuentes prohibidas y participó en la financiación directa de la misma como persona jurídica, de lo cual también se omitió su reporte en los informes correspondientes; conductas que auspiciaron la vulneración de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral”.

Según los magistrados, la cifra de la multa deberá ser descontada del monto de financiación estatal en favor del Fondo Nacional de Partidos Políticos y Campañas Electorales.

Igualmente, los magistrados pidieron al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña presidencial, devolver al Estado 165 millones de pesos “correspondiente al pago efectuado por el concepto del gasto denominado ‘evento Movistar arena del 19 de junio de 2022’, debidamente indexado al año 2025”. Roa pagó con su tarjeta de crédito ese monto y el dinero se lo devolvieron, pero según los magistrados del CNE, el acto fue durante el día de las elecciones y no comprendía la campaña presidencial.

Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada propusieron compulsar copias de esta decisión a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, donde actualmente se investiga por presunta financiación irregular de su campaña al presidente Gustavo Petro.

También solicitaron la compulsa de copias a la Fiscalía al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, “para que se investiguen las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución”.

Se espera que esta ponencia definitiva sea votada por la sala plena del CNE en las próximas semanas.